Por Juan Darién
Habrá notado usted, que, en cada ciclo electoral, aparecen las voces políticas de los diferentes partidos, desde Morena hasta los panistas, que reclaman o defienden a Aguakan, empresa privada encargada de distribuir el vital líquido en la entidad.
Y la respuesta es sencilla, simplemente aprovechan el descontento social por los excesivos cobros y mal servicio para ganar simpatías, pero sobre todo para chantajear a la empresa que antes de subir sus tarifas tenía ingresos diarios de más de un millón de pesos.
Así que no hay que creerse eso de que defienden los políticos a la ciudadanía, o pensar que solamente los panistas por ser conservadores de derecha defienden a la oligarquía, no, los morenistas con gusto saborean de estos recursos electorales, y al provenir la mayoría de la escoria de otros partidos, ya se saben el caminito. Se iba a condenar en Isla Mujeres y votaron en contra del castigo verdes y morenos y la comisión especial del Congreso misteriosamente ha quedado en el olvido.
Para que quede claro: ninguna autoridad quiere ni va a tocar a Aguakan, su poder económico le permite realizar todo tipo de alianzas con toda la fauna tan diversa de aspirantes a cargos de elección popular. Sabe que le sale barato alimentar a esta bola de corruptos políticos, gobernadora, ediles municipales, senadores, diputados, organismos electorales que dificultan consultas en su contra al reducir presupuestos hasta en el 99.5 por ciento, o la misma Profeco que con indiferencia da curso a las irregularidades, es la más demandada, ante las denuncias por cobros indebidos y todo tipo de abusos. Lo evidente es que por ningún motivo pondrán en peligro los negocios que realizan con las concesiones del servicio de agua potable en cuatro municipios, pero sobre todo en Cancún y Playa del Carmen, por ser los más grandes.
El millonario Jorge Eduardo Ballesteros Franco, artífice de Aguakan, actuó como todo empresario, aprovechó el oleaje privatizador y se adjudicó los lugares que eran los únicos que generaban recursos para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), por lo cual la mandó derechito a la quiebra. Y para tener impunidad se asoció con otros grandes empresarios mexicanos y hasta con Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, es decir, el mismísimo rey de España, Felipe VI está en el acta constitutiva.
El cobro es desmesurado por brindar el deficiente servicio de agua potable a los ciudadanos y esas ganancias no se utilizan para mejorar la infraestructura, incluso se afecta el ecosistema a través de la contaminación del agua y de mantos freáticos, debido a las precarias condiciones en las que trabajan las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como en los cárcamos de agua potable.
El 10 de noviembre de 2014, los entonces apoderados de la empresa José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley, solicitaron al Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo y a cuatro municipios, un único título de concesión prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2053.
El caso de Playa del Carmen está fácil de tumbar. Vale recordar que fue el contubernio con Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo y Mauricio Góngora, entonces edil de Solidaridad, ambos fueron encarcelados por desvío de recursos públicos. El 10 de noviembre de 2014, se amplió el de Solidaridad, municipio que conocemos como Playa del Carmen). Pero ahí todo está en la ilegalidad, ya que el Bando de Gobierno para el Municipio, en su artículo 45, prohíbe expresamente la concesión de los servicios públicos como el agua y alcantarillado a particulares.
Los poderes de esta empresa son tan grandes que tienen como uno de sus asesores jurídicos a Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de la revista Proceso, quien hace unos meses fue corrido del gobierno obradorista por lavar dinero en paraísos fiscales, aunque su salida fue acompañada de una coreografía de falsos abrazos y apapachos de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en su Mañanera que «es como mi hermano». Y lo colocaron como asesor de la presidenciable Claudia Sheinbaum para que pueda seguir en el gobierno de la 4T, también son conocidas sus influencias en la designación de cargos en la actual administración.
Por eso cuando vea que el político Chucho Pool (MC), el diputado Humberto Aldana (Morena) o Lilí Campos (PAN), presidenta de Playa del Carmen, o cualquiera otro político de cualquier color, se oponen o piden investigación contra Aguakán, solamente están pidiendo su tajada correspondiente y no se convertirán en beneficios para los usuarios. Los diputados locales que estaban muy rijosos y que ahora guardan silencio, un silencio cómplice ante los atropellos y abusos contra los quintanarroenses, habían puesto precio a su negociación: 7 mil millones de pesos.
Ahora todo mundo podrá quejarse, que pronto subirán tarifas sin que nadie del poder proteste, ya Aldana ha dicho que si no compraran misiles de cerveza los mayas tendrían para pagar el agua.