Cuando un gobernante inicia su reinado goza de total impunidad ya sea a base de votos democráticos o a través de la compra de conciencias, compra de Diputados y servidores nombrados a modos para que que en todo momento digan “Sí señor”. Cuando inicia el declive, la decadencia de su mandato empieza a buscar la inmunidad y hará alianzas hasta con el diablo para no caer en la cárcel, no ser escarnio público y vivir rodeado de riqueza y opulencia mal habida, así, en esa etapa de su vida se encuentra el gobernador Carlos Joaquín González quien ya cedió ante la “Mafia Verde” de Gustavo Miranda.
Y cedió porque los verdes ya le vendieron la idea que debe de tener un Magistrado a modo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, un magistrado que lo defienda judicialmente si las cosas no resultan como pensaba, al lucrar con los bienes y recursos del pueblo, al atentar contra los intereses públicos de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
La “Mafia Verde” de Gustavo Miranda ya impuso y quiere a toda costa que ese nombramiento de nuevo Magistrado caiga en la persona de Heyden José Cebada Rivas, un alfil de la corrupción que defendería, supuestamente, los intereses del ya gobernante saliente y cubriría con manto de inmunidad e impunidad a los defraudadores encabezados por la mamá de Gustavo Miranda.
Poder y Crítica denunció que en la sesión ordinaria número 25 del pasado 17 de los corrientes el Congreso dio entrada y lectura a la iniciativa enviada por el gobernador Carlos Joaquín que contiene “…la terna de profesionistas en derecho que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo”, integrada por los ciudadanos: Karla Patricia Rivero González, Jesús Antonio Villalobos Carrillo y Heyden José Cebada Rivas y que inmediatamente las Redes Sociales estallaron denunciando todo tipo de actos de corrupción, principalmente sobre Heyden Cebada quien esta ligado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la “Mafia Verde” por su esposa, la actual diputada federal del verde Santy Montemayor Castillo.
Como cuando se extirpa un tumor maligno, las pústulas de corrupción salpicaron a todos los niveles del gobierno y los estratos sociales y es que a decir las agrupaciones de abogados en el estado, ninguno de los tres aspirantes a Magistrados Numerarios en el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJQROO), propuestos por el gobernador Carlos Joaquín, cuenta con una formación judicial, además de que carecen de una reputación intachable.
Un ejemplo de la incongruencia de las postulaciones la difundió Francisco Israel Colunga Becerril, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. sección Quintana Roo, quien aseguró que “Lejos del tema político, ninguno de ellos tiene formación judicial, estamos hablando de los magistrados integrantes del Poder Judicial en su máxima esfera, y lo que se podría esperar es que tuvieran formación judicial, nadie mejor para ocupar esta posición el Tribunal Superior de Justicia que alguien que tenga experiencia como juzgador, ellos no lo tienen y eso pone en tela de juicio su correcto desempeño en el cargo”, precisó el también Coordinador de la Comisión del Derecho del Trabajo de la Barra Mexicana Colegio De Abogados Sección Quintana Roo, A.C. ANADE.
Quien recalcó la falta de experiencia pone en tela de juicio la capacidad de los aspirantes, además de la afinidad al gobernador Carlos Joaquín: “Si bien es una facultad absoluta del Ejecutivo proponer la terna de aspirantes, al Poder Legislativo, estos deben cumplir con los requisitos que marca la ley, entre los que destaca “gozar de una buena reputación”, y no haber ejercido cargos en el poder ejecutivo como presidentes municipales, o encargados de despacho”, situación que ninguno de los propuestos cumple.
Según el Artículo 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se requiere: “….Gozar de buena reputación, y (… último párrafo) Los nombramientos de los Magistrados se realizarán en apego al principio de paridad de género, y deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Heyden José Cebada Rivas
Hay que recordar que los tres aspirantes han tenido un desempeño administrativo en el poder ejecutivo estatal y municipal; en el caso de Heyden Jesús Cebada Rivas, como síndico municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez; Karla Patricia Rivero González, directora de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas en Quintana Roo (Ceaveqroo), y el más cercano al Gobernador, Jesús Antonio Villalobos, ex consejero jurídico del Gobierno del Estado.
En el artículo “118 BIS en la fracción VII en los requisitos precisa que los aspirantes no debieron ser encargados de despacho, ó su equivalente, lo que podría dejar fuera a Jesús Antonio Villalobos Carrillo, por ser consejero jurídico del Gobierno del Estado. Que por cierto ya anteriormente ya había sido propuesto como Fiscal General del Estado”, indicó.
Además en el VII, se asienta: “No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su designación. Ante esto el abogado calificó como irresponsable aceptar un cargo para el que no cuentan con la formación académica necesaria, en este caso judicial, y dijo de aprobarse por los diputados sería un acto de corrupción: “Si aceptas un cargo para el que no estás capacitado, también es corrupción, significaría ver que voy hacer para corresponder a quién me puso. Aceptarlo sería un mecanismo de corrupción. La falta de formación judicial en esta terna, deberá ser el punto determinante para el análisis de la terna que realizarán los diputados”, precisó.
Aparte de los columnistas y diversos medios de comunicación que consignan como una incongruencia de Carlos Joaquín, al enviar una terna con personajes de probada corrupción, en las Redes Sociales se inundaron de post de publicaciones donde se documentan actos de corrupción de Heyden Cebada Rivas quien fuera Síndico de Benito Juárez, una posición donde cometió todo tipo de fechorías que están denunciadas y documentadas, aparte en contubernio con su padre José Cebada Ramírez.
Si bien es cierto que la facultad constitucional para proponer y designar a quienes puedan ocupar un espacio en el Poder Judicial corresponde al Poder Ejecutivo y el Legislativo y eso lo hace legal pero no legitimó y cae como anillo al dedo en la la persona de Heyden Cebada Rivas.
La “Mafia Verde” está condicionando la aprobación del presupuesto 2022 al Gobernador Carlos Joaquín quien envió al Congreso la propuesta de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2022 que es de 34 mil 611 millones 211 mil 821 pesos, cifra que representa un incremento del 2.22 por ciento con relación al 2021 a cambio de la magistratura de Cebada Rivas.
Los integrantes de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo ya inició el análisis del Paquete Económico 2022 para la entidad, con la exposición de las iniciativas que lo conforman a cargo de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Yohanet Torres Muñoz ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta que preside el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez.
Previamente en la sesión ordinaria número 26, presidida por la diputada Tepy Gutiérrez Valasis, se dieron lectura a las siete iniciativas del Paquete Económico 2022 así como a las iniciativas de ley de ingresos de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, así como a sus respectivas iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a sus respectivas leyes de Hacienda.
En la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, la titular de SEFIPLAN expuso de manera general el contenido de las iniciativas del Paquete Económico 2022, defendiendo a capa y espada los dineros y asignaciones presupuestales de Carlos Joaquín y contando con el apoyo de la “Mafia Verde”.
Es pues la imposición de Heyden Cebada Rivas como candidato a Magistrado, una negociación política de la “Mafia Verde” con el Gobernador Carlos Joaquín quien ya dobló las manos pidiendo inmunidad y aprobación del presupuesto donde pegará la última tarascada monetaria. Entre corruptos te veas…Pero la 4T le tiene reservada una sorpresa.
LA “MAFIA VERDE” CONDICIONA CORRUPCIÓN DE CARLOS JOAQUÍN POR CONCESIÓN DE MAGISTRATURA
El Gobernador Carlos Joaquín va de salida y en la misma salpica de corrupción al PAN y PVEM; las bancadas de éstos institutos políticos estan condicionando la aprobación del presupuesto 2022 así como la aprobación de la cuenta pública, que por lo visto está plagada de irregularidades y malversaciones.
El PAN con Eduardo Lorenzo Martínez Arcila quieren una tajada, quieren dinero, efectivo y a la mano; la “Mafia Verde” aparte de la Magistratura de Heyden José Cebada Rivas tambien quieren una rebanada del pastel.
Y es que según datos publicados por la Sefiplan, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín gastó más de 1.2 mil mdp extra en la operación de su gabinete estatal, al cierre del tercer trimestre de 2021
De acuerdo con el informe “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”, correspondiente al tercer trimestre del año, que fue publicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, al Ejecutivo Estatal se le asignaron 10 mil 509 millones 447 mil 47 pesos para la operación y funcionamiento del gabinete este año; sin embargo, ha percibido 11 mil 724 millones 25 mil 860 pesos; es decir, 1.2 mil millones de pesos más.
Esta es una práctica común en la administración estatal, que, de acuerdo con el IMCO, gastó 55 por ciento más de lo que se le asignó en 2020, el mayor sobrejercicio del país el año pasado.
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ES LA DEPENDENCIA DEL GABINETE QUE MÁS RECURSOS HA RECIBIDO.
En el reporte, la dependencia pasó de 97 millones 282 mil 420 pesos asignados por el Congreso de Quintana Roo para el funcionamiento y operación de los programas públicos a 937 millones 125 mil 851 pesos. Es decir, en sólo nueve meses aumentó su presupuesto ocho veces más, por lo que ha recibido 839 millones 843 mil 431 pesos adicionales.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es otra de las dependencias del Gabinete que más dinero recibió con la ampliación del presupuesto. Para este año, se le asignaron 773 millones 884 mil 714 pesos, pero el Ejecutivo Estatal le entregó 457 millones 709 mil 168 pesos más a lo largo del año, por lo que ahora dispone de mil 231 millones 593 mil 882 pesos.
Esta es la segunda dependencia del gabinete que más dinero posee para atender los asuntos públicos, después de la Secretaría de Seguridad Pública que cuenta con dos mil 385 millones 145 mil 58 pesos para este año. Finalmente, la Secretaría de Gobierno fue otra de las dependencias que obtuvo un alto porcentaje del dinero de la ampliación del presupuesto: se le asignaron inicialmente 211 millones 961 mil 919 pesos, pero en nueve meses recibió 90 millones 319 mil 221 pesos, por lo que dispone de 302 millones 281 mil 140 pesos
Al cierre del tercer trimestre de este 2021, la ampliación del presupuesto fue distribuido de la siguiente forma: el Despacho del Ejecutivo recibió 15 millones 110 mil 185 pesos más; Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, siete millones 166 mil 756 pesos; y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, tres millones 592 mil 630 pesos.
Así como la Secretaría de Turismo obtuvo un millón 505 mil 907 pesos; la Secretaría de Desarrollo Económico, 38 millones 209 mil 54 pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con 123 millones 109 mil 612 pesos. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública percibió 31 millones 541 mil 253 pesos adicionales; la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, un millón 238 mil 776 pesos; y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 12 millones 206 mil 552 pesos. Cabe destacar que las dependencias que no recibieron ampliaciones en su presupuesto fueron justamente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Oficialía Mayor y la Secretaría de la Contraloría.
¿Y CUÁL ES EL DAÑO Y EL MONTO DE LA CORRUPCIÓN?
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó daño a la Hacienda Federal por más de 44 mdp, a través de cinco órganos de Quintana Roo; la compra de armas por parte del Gobierno Estatal, entre las principales anomalías
Las irregularidades detectadas son la compra de armamento, por parte del Gobierno del Estado, así como pagos excesivos en servicios personales por parte del Poder Judicial. El Cobaqroo registró el monto más alto de presunto daño a la Hacienda Pública Federal.
El Gobierno de Quintana Roo, el Poder Judicial, la Universidad Tecnológica de Cancún (UT Cancún) y el Colegio de Bachilleres del Estado (Cobaqroo) gastaron de forma irregular 44 millones 826 mil 700 pesos provenientes de la Hacienda Pública Federal en 2020.
Ante dichas anomalías en el gasto, la ASF emitió siete recomendaciones, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el Cobaqroo posiblemente malversó 25 millones 888 mil 717 pesos provenientes del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales que recibió el año pasado.
“En la aplicación de los recursos transferidos, el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, se expone en el Informe Individual.
“Así también el Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo y del Anexo de Ejecución de Apoyo Financiero 2020, por lo que esto generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 25 millones 888 mil 717 pesos que representó 8.1 por ciento de la muestra audita”, se indica. En tanto, el órgano fiscalizador del Poder Legislativo Federal también detectó un posible daño a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales que recibió la Universidad Tecnológica de Cancún, por 8 millones 729 mil 500 pesos. “La Universidad Tecnológica de Cancún infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 729 mil 500 pesos, que representó 16.6 por ciento de la muestra revisada”, se detalla.
Además, el Poder Judicial del Estado deberá justificar ante la ASF el gasto irregular de 8 millones 69 mil 100 pesos recibidos a través del Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. “El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 8 millones 69 mil 100 pesos, que corresponde a recursos por aclarar por el monto pagado en servicios personales que sobrepasó el límite máximo permitido en la asignación global de servicios personales”, señala el órgano fiscalizador Federal en su Informe. “Se determinaron faltas administrativas consistentes en la asignación de recursos para servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020 por un monto que excedió el límite establecido en la normativa”, expone.
Mientras, la administración del Gobernador Carlos Joaquín González usó los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para la adquisición de armamento para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que hay un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 2 millones 139 mil 445 pesos. “El Gobierno del Estado de Quintana Roo infringió la normativa del fondo, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico, que determinaron un monto por aclarar de 2 millones 139 mil 445 pesos, por el pago a la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de armamento y municiones correspondientes a la cotización número SIDCAM-GOB-065/2020 que no fueron entregados en el estado y, de este, a los elementos policiales para su uso”, señala el Informe de la ASF
…Y CARLOS JOAQUÍN PRESUME RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
Ante los visos de corrupción en el manejo de los recursos de este año y ante las amenazas de las bancadas del congreso de no aprobarla, la Secretaría de Finanzas y Planeación, presumió que hay una recuperación en la recaudación a las arcas del estado.
Dijo en un comunicado que “A través de la recaudación en la entidad tiene un impacto positivo en las finanzas del Gobierno del Estado, ya que han reflejado una mejoría debido a que el último reporte de la dependencia indica que a la fecha han logrado una recaudación de impuestos por 500 millones de pesos al mes, cifra similar a la que se captaba previo a la crisis económica por la pandemia.
La titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz, ha dado a conocer que es a través de los diversos sectores económicos que se tiene el empuje, ya que la recuperación tiene su inicio derivado del pago de impuestos.
Existen reportes favorables en la recaudación, incluso hoy en día los montos son muy cercanos a lo que se obtenía previo a la pandemia en 2019.
Yohanet Torres Muñoz indicó que existen reportes favorables en la recaudación, incluso hoy en día los montos son muy cercanos a lo que se obtenía previo a la pandemia en 2019, ya que las cifras avanzan hacia los 500 millones de pesos.
Carlos Joaquín en entrevista aseguró que con el recurso recaudado se pondrán en marcha los diferentes programas ya proyectados, así como los pagos pendientes, invitó a la población para que aproveche los estímulos fiscales que darán en lo que resta del presente año, y así poder estar exentos en 2022 en lo que refiere al pago de tenencia vehicular.
La titular de SEFIPLAN, señaló que existe la confianza de que no haya cambios en las cifras, de tal manera que afecte el presupuesto para el ejercicio 2022, quedando fuera o echando abajo algunos proyectos contemplados.
Todo ello porque ya hay un pacto con la “Mafia Verde” y con los panistas. La corrupción los embarra a todos.
PUBLICADO POR MIGUEL AVENDAÑO | PODER Y CRÍTICA