- Coldwell negoció la candidatura de su hermano con Peña Nieto a cambio de impulsar los fraudes con la Reforma Energética
RAFAEL SANTIAGO
Pedro Joaquín Coldwell, fue el Secretario de Energía desde donde implementó la Reforma Energética, era parte de un descomunal fraude a nivel continental para entregar el petróleo y el gas a los interese extranjeros, en varios países varios presidentes han sido encarcelados y otros se han suicidado, pero en México no se ha tocado un pelo al cacique cozumeleño a pesar de que fue partícipe principal es todos estos enredos y hasta logró negociar y financiar, la candidatura de su medio hermano Carlos Joaquín, para que su clan recuperara el control de Quintana Roo.
Desde hace varios meses, la Fiscalía General de la República (FGR), recibió una denuncia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), contra Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía por un fraude cometido en 2016 en Agro Nitrogenados, por el monto de 722 millones de dólares.
Con todo el poder acumulado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Coldwell pudo colocar a su medio hermano, Carlos Joaquín González, como gobernador del estado de Quintana Roo, quien también está en la mira de Unidad de Investigación Financiera (UIF) que desde las elecciones de 2016 en las que resultó ganador con el Partido Acción Nacional (PAN) gracias a que fue alimentado con dinero procedente ilícita del de las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin y de Odebrecht.
Después de que el caso de Ricardo Anaya se diluyera mediáticamente, todo apunta a que los Joaquines, Pedro y Carlos, se encuentran en el ojo del huracán por los multimillonarios recursos obtenidos gracias a la aprobación de la Reforma Energética que permitió la entregó el petróleo a las empresas transnacionales.
En la orgía de corrupción, se siguieron los apoyos a los procesos electorales, donde Santiago Nieto, titular de la UIF, ha dicho y escrito en libros que uno de los varios estados donde puede asegurar que hubo dinero sucio de Odebrecht fue Quintana Roo. Así lo expresa de manera tajante en su libro Sin Filias ni Fobias, donde narra porqué fue corrido de su puesto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cargo que ejerció desde febrero 2015 a octubre de 2017.
Carlos Joaquín fue priista hasta que Peña Nieto le ordenó ser panista, a final de cuentas el PRIAN es lo mismo. Fue su subsecretario en la Secretaría de Turismo y gracias a las negociaciones que hizo Pedro Joaquín, saltó a la candidatura para gobernador. Los panistas también tenían que recibir parte del pastel electoral por haber sido los más firmes defensores de entregar los recursos de la nación al extranjero (como se comprueba con el caso de Anaya, cuyos fraudes fueron documentados por sus propios partidarios a los que traicionó). Pedro Joaquín Coldwell, fue uno de los operadores de estas negociaciones. Así rompían el control de Félix González Canto y saltaban nuevamente a la palestra quintanarroense. Y todo iba bien, parecía que Carlos Joaquín iba a terminar su mandato ocultando todas sus fechorías, pero se detuvo a Emilio Lozoya quien para salvar su pellejo se declaró como testigo protegido y ahora tiene arresto domiciliario después de que fue extraditado desde España.
Hay muchas evidencias. En plena campaña de Carlos Joaquín, en el 2016, se detuvo a una camioneta de legisladores federales panistas, cargada con millones de pesos en billetes de 200 y 500, el vehículo detenido con toda su “mercancía”, se llevó a las instalaciones de la entonces PGR y ahí se disolvió toda evidencia. El dinero para la compra de votos era tanto, que incluso días después de las elecciones del 5 de julio de 2016, se decomisaron en el aeropuerto varias maletas repletas de dinero que iban a la ciudad de México por una falsa empresa de valores que dio un domicilio inexistente. La investigación en ambos casos, sospechosamente se detuvo.
La danza de los millones que Odebrecht manejaba para sobornar a panistas y priístas a cambio de contratos en proyectos petroleros, eran aterrizados a través de Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016. Los depósitos se hicieron en Latin American Asia Capital Holding, empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes, desde donde se realizaban depósitos a otra cuenta a nombre de Innovation-Research, después las enviaban a otras firmas en México y en las Islas Caimán. Después realizaban varios depósitos a varias cuentas con el fin intentar difuminar toda evidencia acerca de la ruta del dinero. Al final retiraban el efectivo que transportaban en camionetas llenas de dinero llegaban a las mapacheras del blanquiazul y tricolor, desde donde repartían también a los pequeños partidos aliados y serviles.
Habían festejado que esos delitos habían prescito, pero poco les duró el gusto, porque les negaron el amparo para eventos posteriores a 2012. Así que muchos huelen a cárcel. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, tendrá que enfrentar a la justicia. Conforme salgan al público más demandas, sobre todo porque el siguiente año se realizará la consulta de revocación de mandato del Presidente de la República, y para fortalecer su mandato se atacará con más fuerza a la corrupción y se conocerán todos los detalles del reparto de dinero en el proceso electoral de 2016.
Pero con lo que se conoce basta y sobra. Pedro aportó recursos y logró negociar la candidatura de su medio hermano, gracias a todas las irregularidades cometidas en la compraventa de Agro Nitrogenados. Como parte de toda esa operación ilegal, también son cómplices 38 funcionarios y consejeros de Pemex, entre ellos Enrique Ochoa Reza, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Sener y Edgar Torres Garrido, exasesor Ejecutivo del exdirector de Pemex.
La ASF presentó la denuncia el pasado 27 de septiembre de 2019 ante la FGR, por lo que la dependencia inició una carpeta de investigación por la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a sobreprecio. Valía unos cincuenta millones de dólares y el 20 de diciembre 2013 le pagó el gobierno de Enrique Peña Nieto a Alonso Ancira dueño de Altos Hornos de México (y actualmente en arresto domiciliario hasta que pague 200 millones de dólares), 275 millones de dólares. A lo que hay que agregar que desde agosto 2014 al 2017 se invirtieron otros 447 millones de dólares para poder ponerla en operación, además de que la chatarra sobrante que se vendió, representó pérdidas más de 180 millones de pesos para Pemex.
Joaquín Coldwell ha querido deslindarse de todo, a pesar de que hay actas donde presidió varias reuniones en importantes que marcaron el rumbo de privatizaciones. Hace semanas, dijo en una misiva: “estoy en total disposición de aclarar cualquier señalamiento que me formulen las autoridades competentes sobre asuntos relativos a mi gestión como Secretario de Energía en el periodo 2012 al 2018”.
Ha llegado ese momento y las acusaciones son graves.