- Establecidas durante los últimos años, abundan en Quintana Roo las regulaciones prácticamente muertas, a causa de vacíos jurídicos y falta de la estructura necesaria para darles cumplimiento, nacidas por un interés meramente electorero
PUBLICADO POR EL DESPERTADOR/ SALVADOR CANTO
Durante los años recientes en Quintana Roo, como en otros estados del país, han sido promulgadas muchas leyes locales fincadas en conveniencias partidistas, sin una planeación adecuada y en donde, de manera evidente, los diputados promoventes —coincidentemente, muchas de ellas provenientes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— aplican un criterio más electoral y político en lugar de hacer que estas reformas realmente cumplan su cometido en beneficio de los ciudadanos, con lo cual terminan siendo inoperantes y en algunos casos hasta letra muerta, por lagunas jurídicas derivadas de una redacción deficiente o por no contemplar el establecimiento de las estructuras requeridas para poder concretar la ejecución de dichas regulaciones en la vida real.
Como ejemplos de lo anterior se encuentran leyes como la de bienestar animal, la que prohíbe el uso de plásticos, la de equilibrio ecológico y protección al ambiente e incluso la de tipificación del despojo como delito grave, pues a pesar de lo positivo que podrían ser cada una de las modificaciones hechas, los delitos que motivaron su creación continúan a la alza.
Para José Juan Chilón Colorado, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho y exdiputado local, toda ley es perfectible, pero aclaró que ésta sirve en la medida en la que los ciudadanos conocen sus derechos y los ejercen.
No obstante, dejó en claro que su planeación depende mucho del nivel de legislador que el pueblo eligió y recordó que los presupuestos lamentablemente dependen de un plan más electoral que social, y eso es lo que ha dañado mucho el ejercicio del servicio público.
“Penosamente cada Legislatura nueva hace lo que quiere, no le da seguimiento a las leyes o reglamentos y las modifica o cambia a su conveniencia”, explicó.
En los últimos años, los diputados de Quintana Roo han formulado leyes que en esencia son de vital importancia para la entidad y los ciudadanos en general, pues se involucra a diversas dependencias de gobierno para su instauración, pero éstas carecen de personal y recursos para hacerlas cumplir así como un andamiaje adecuado, pues muchas veces no se consideran los presupuestos necesarios para su operación y eso provoca que sus propuestas legislativas queden más como electoreras.
Bienestar Animal, ley que no cuaja
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Jorge Arturo Dzul León, expresidente del Colegio Número Uno de Médicos Veterinarios de Quintana Roo, lamentó que a más de tres años de que se pusiera en marcha la Ley de Bienestar Animal (publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de noviembre del 2019), todavía existan lagunas jurídicas en relación a temas como las peleas de gallos y corridas de toros, pues éstas se siguen efectuando sin que haya sanciones al respecto, a pesar de que desde el 26 de junio de 2022 están impedidas, con base en una reforma hecha a la misma ley.
Si bien en muchos casos se habla de “usos y costumbres”, explicó que la ley es la ley y ésta debe de aplicarse para que ya no haya más animales víctima de violencia y explotación, aunque tampoco se ha logrado su homologación con la ley federal que impulsa también la protección animal.
Desde el momento de su promulgación en Quintana Roo, se anunció que para su funcionamiento se involucra a diversas dependencias como la Procuraduría del Medio Ambiente (PPA) que tiene entre otras cosas dentro de sus facultades, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para la protección, trato digno y respetuoso a los animales; la Secretaría de Salud que debe de regular y verificar los Centros de Control Animal, Asistencia y Zoonosis de cada municipio; así como la Secretaría de Educación que debería de haber implementado dentro de sus planes de estudios de la educación básica, media superior y superior, un apartado correspondiente para la enseñanza del trato digno, respetuoso y tenencia responsable de los animales.
Además, implica la participación de la Secretaría de Seguridad Pública que debería de coordinarse con la PPA para la atención de denuncias correspondientes a casos de maltrato y crueldad animal de índole estatal, y de la Fiscalía General de Estado para ser receptora de todas las denuncias penales e investigar la veracidad de las mismas por casos de conductas probablemente constitutivas del delito de maltrato y crueldad animal mediante una agencia del Ministerio Público; incluso se pide la participación de Protección Civil tener dentro de sus planes una estrategia de coordinación con los ayuntamientos en casos de contingencia ambiental o desastre natural, para incluir a los animales en procesos de prevención e intervención.
Sin embargo, ninguna de las dependencias arriba mencionadas cuenta con el presupuesto necesario y el personal suficiente para hacer que esta importante ley funcione correctamente, y prueba de ello es que hoy Quintana Roo se ubica entre las primeras entidades del país con el mayor número de impunidad en lo que respecta a temas de maltrato animal.
De hecho, las mismas estadísticas señalan que sólo el 1% de las denuncias por maltrato animal en Quintana Roo han concluido con una sanción en contra de los agresores, mientras que el resto de las dos mil 185 quejas presentadas en los últimos dos años se mantienen impunes bajo el argumento de que no cuentan con el suficiente personal para resolver estos casos de maltrato animal.
Yulidiana Lázaro Huérfano, del refugio Cachorrilandia de Cancún, considera que la Ley en la materia prácticamente se ha convertido en una letra muerta y ejemplo de ello es tanta impunidad que existe en cuanto al maltrato animal.
Una de esas situaciones que se ven todos los días es la operación de delfinarios, los cuales supuestamente ya deberían estar prohibidos, pero en Quintana Roo funcionan al menos 19 de ellos, en donde habitan más de 200 delfines y lobos marinos sometidos a constantes abusos e incluso negligencias médicas; de igual forma, persiste la nula supervisión a la forma en que son sacrificados en los rastros los animales para el consumo humano.
BJ: empadronamiento de mascotas, con fin recaudatorio
Con base en información de la Comisión de Salud Pública, Asistencia Social y Protección Animal del Ayuntamiento de Benito Juárez emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que encabeza el regidor Julio Méndez Paniagua, ya se preparan los lineamientos para que se pueda llevar a cabo un padrón de mascotas en el municipio, como nuevo ente recaudatorio.
Dicho funcionario dio a conocer que se establecerá una serie de medidas y plazos para que los habitantes del municipio acudan a empadronar a sus mascotas, porque de lo contrario “serán sancionados con una multa de casi mil 500 pesos”.
“El Reglamento de Bienestar Animal ya contempla un padrón, pero no dice cómo se debe llevar a cabo, qué requisitos se necesitan y tampoco se establece su obligatoriedad a todos los ciudadanos, sólo te dice ‘empadrona tu cachorro, pero no te decía hasta cuánto tiempo tenías para hacerlo y si no lo hacías qué pasaba’. Entonces ya lo estamos regulando”, expresó.
Señaló que se pretende establecer un plazo de un año para que todos los ciudadanos de Benito Juárez que posean mascotas puedan acudir a la Dirección de Bienestar Animal a registrarlas (ya sea de forma presencial o digital) y en el caso de que los dueños no inscriban a sus mascotas en ese periodo, se les impondrá una sanción económica.
Esta preocupación del gobierno verdecologista de Cancún contraviene a la realidad, pues el municipio de Benito Juárez es en donde más delitos se cometen en contra de los animales, ya que no hay acciones concretas que haga que la ley en la materia se cumpla y se considera que esta medida de crear un padrón de mascotas no sería más que un nuevo método para obtener recursos del pueblo.
Adicionalmente, a finales del año pasado el mismo gobierno municipal anunció que se incrementarían al doble las multas por maltrato animal, establecidas en los artículos 31 y 32 del Reglamento de Protección y Bienestar Animal.
Es decir, en el caso del Artículo 31 las sanciones que eran de 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 962.20 y 4 mil 811 pesos, pasaron a ubicarse entre 20 a 100 UMA, es decir, una suma comprendida entre mil 924.40 y 9 mil 622 pesos.
En ese artículo se establece una serie prohibiciones a cualquier acto de crueldad en contra de animales, como la tenencia habitual de especies en lugares desprotegidos como azotehuelas o patios sin techar, abandono de animales en el interior de vehículos, transportar animales suspendidos por los miembros y, en el caso de aves, con las alas cruzadas, así como vender animales en la vía pública o en redes sociales, entre otras más.
En cuanto a las multas en el artículo 32, éstas pasaron de entre 100 a 200 UMA (de 9 mil 622 a 19 mil 244 pesos) a entre 200 a 400 UMA, que van de los 19 mil 244 a los 38 mil 488 pesos.
Retiro de plásticos, completa utopía
A más de tres años de que fue aprobada en Quintana Roo la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo que restringe el uso de plásticos desechables, misma que entró en vigor en plena pandemia (2020), las violaciones continúan a la alza porque no existen sanciones al respecto.
En un recorrido hecho por El Despertador de Quintana Roo, se comprobó que todos los supermercados continúan comercializando productos de plástico, como ocurre en el área de frutas y verduras en donde existen rollos de bolsas de plástico para que la gente pueda elegir sus productos, pero además, y aunque en la línea de cajas existen letreros que señalan la prohibición, el cajero o cajera explica que tienen en venta “de las más grandes” para que lleven su mercancía, lo que evidencia que dicha ley ha terminado por convertirse en un pingüe negocio para las cadenas comerciales.
Adicionalmente, en las mismas tiendas se venden platos y vasos de unicel, charolas e incluso cubiertos de plástico, a pesar de que está prohibido y el incumplimiento amerita sanciones económicas.
Es de recordar que al entrar en vigencia dicha ley, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) concedió una prórroga para su utilización, a sugerencia de la Secretaría de Salud, siempre que se tratara de materiales biodegradables.
En febrero del 2022, la propia SEMA informó que el periodo de gracia se daba por concluido, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) iniciaría con operativos para dar cumplimiento a las nuevas normas.
En el artículo 22 de dicha ley estatal para evitar el uso de plásticos se establece la prohibición del uso, comercialización y distribución de los plásticos de un solo uso y su violación implica sanciones que van desde el apercibimiento, multas de hasta 40 mil UMAS (3.5 millones de pesos), arrestos, clausuras temporales o definitivas y suspensión de concesiones o permisos.
Y no obstante que se trata de una Ley estricta, las autoridades no han iniciado ningún tipo de sanción a los negocios que incurren reiteradamente en una violación.
Datos de la misma SEMA establecen que tan sólo en Benito Juárez se producen más de mil toneladas diarias de residuos, mientras que en Chetumal son de alrededor de 600 toneladas.
Medio ambiente, de mal en peor
El cuidado al medio ambiente en Quintana Roo ha sido una de las “preocupaciones” manifiestas de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sin embargo, es evidente que en la entidad, pese a la creación y modificación de leyes al respecto, estos delitos siguen siendo perpetrados todos los días.
De hecho, el estado ocupa uno de los primeros lugares en delitos ambientales, que se han recrudecido incluso con el tema del Tren Maya, en donde existen denuncias penales de ambientalistas pero no han prosperado, como un claro ejemplo de impunidad.
En Quintana Roo existe la Ley de Responsabilidad Ambiental, que de origen es de orden público e interés social y que tiene por objeto establecer y regular la responsabilidad ambiental que se origina por los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de los mismos, cuando sea exigible a través de los procesos jurisdiccionales locales y los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual tiene como objeto la protección, preservación, restauración y mejoramiento del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental, así como las afectaciones a la salud.
Pese a ello, se sigue permitiendo la destrucción del medio ambiente, la apertura de más asentamientos irregulares, construcción de nuevos fraccionamientos e incluso hoteles en zona de humedales.
En abril del año pasado se reformaron algunos artículos relacionados con el tema ambiental y mediante el Decreto 229 se plasmó endurecer como delito grave el daño ambiental, pero a pesar de ello, las cosas no han cambiado, lo que confirma que la expedición o modificación de leyes sólo obedecen a procesos electoreros, pues las dependencias implicadas en su funcionamiento carecen de recursos para poner en marchas las acciones legales en contra de los responsables.
Actualmente, de acuerdo con un grupo de ambientalistas de la entidad, tan sólo en la Riviera Maya, de 1980 a lo que va del 2023, se ha perdido un 70% de los humedales y en gran medida es gracias a la enorme corrupción de todas las dependencias involucradas en el tema.
Incluso, se considera que los humedales de Quintana Roo son de los más descuidados y contaminados de México, ya que las autoridades gubernamentales no están aplicando correctamente los recursos para el saneamiento de estas áreas, tal y como lo denunció Katerine Ender Córdova, representante de “Guardianes del Manglar Cancún”.
La activista reafirma que los humedales de todo el Estado sufren algún grado de contaminación, sobre todo los que están ubicados en Cancún y Puerto Morelos.
Es de señalar que Quintana Roo aporta a México y al mundo 13 de los ecosistemas de humedales más importantes a nivel internacional, catalogados como Sitios Ramsar por su relevancia en el medioambiente global, por lo que se debe tener cuidados específicos para mantenerlos y a pesar de leyes y modificación de artículos, no se hace.
SEMA culpa a municipios por falta de POET
Como una manera de “lavarse las manos”, que no explica el motivo por el cual no se procede en contra de quienes violan las leyes ambientales, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), actualmente a cargo de Josefina Huguette Hernández, culpó a los ayuntamientos de Quintana Roo de carecer de sus Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), lo que impide un desarrollo sostenible y responsable.
La funcionaria estatal comentó que hay casos donde el POET tiene entre 11 y 13 años de antigüedad y esto no permite que se dé un desarrollo ordenado, generación de empleos, así como actividades económicas y la conservación de los recursos naturales, por lo que es indispensable actualizarlos.
Endurecimiento de leyes tampoco da resultados
Desde el 2008 el delito de despojo fue elevado a delito grave en Quintana Roo, lo que implica para los responsables penas hasta de nueve años de prisión, sin derecho a libertad bajo caución.
Sin embargo, este es uno de los delitos más recurrentes en la entidad y el manoseo de expedientes y/o carpetas de investigación desde la Fiscalía General de Justicia ha sido la práctica más común, lo que se refleja en el alto grado de impunidad que hay sobre estas circunstancias.
De hecho en lo que respecta a este caso de modificación legislativa para el endurecimiento de penas, en su momento sirvieron para que el Gobierno del Estado, en aquel entonces encabezado por Félix González Canto, se invirtiera para que el Ministerio Público tuviera una mesa especial para la atención de dichas denuncias, pero con el paso del tiempo ha terminado por resultar más complicado para los agraviados presentar una querella y peor aún, que se le dé seguimiento a las mismas.
Ello refleja que las leyes o modificaciones de artículos se hacen al garete, como un mero populismo electorero, de acuerdo a lo expresado por David Cruz Cedillo, coordinador de la agrupación Resistencia Civil Pacífica (RCP) en la entidad, quien asegura que Quintana Roo ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en fraudes y despojos de viviendas, a través de la creación de decenas de empresas de cobranza que operan de manera ilícita con la complicidad de las autoridades.
Es de mencionar que el despojo se presenta cuando una persona o un grupo de personas privan a otra de la posesión de sus bienes inmuebles, como lo son casas y terrenos.
Pese a ello, no hay quien supervise el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos, lo que reafirma que muchas de ellas se convierten en inoperantes, al carecer de una estructura logística para su funcionamiento.