Por Rafael Santiago
El tramo 5 norte del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, el más codiciado y el más rentable económicamente, ha tenido tantas adecuaciones , ajustes, licitaciones y cancelaciones, que finalmente ha terminado con volver al plan original y, vía decreto, expropiar 240 hectáreas a hoteleros.
Apenas hace unos días se hablaba de que consejos empresariales, asociaciones inmobiliarias y organizaciones de hoteles había llegado a un acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, entonces director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que se les pagaran alrededor de mil millones de pesos por todos los predios.
Pero la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que el Tren Maya fuera declarada de utilidad pública, razón por la cual se ordena la expropiación 198 inmuebles en Quintana Roo y que comprenden los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la superficie que abarcan los terrenos a expropiar es de dos millones 410 mil 107.72 metros cuadrados y corresponden al Tramo 5 Norte del ferrocarril.
Ante esta situación los empresarios hoteleros se han rebelado y aunque subrayan que están a favor del Tren Maya, exigen un pago justo a sus propiedades. Y se les manda a que denuncien ante las oficinas jurídicas de Sedatu, en la ciudad de México. La amenaza es que quien no tenga claridad en la comprobación de propiedad tendrá problemas.
Todo esto tiene una historia. El proyecto del Tren Maya, con más de mil 500 kilómetros. Fue anunciado en agosto de 2018, cuya programación para que se entregue y empiece a funcionar a finales del próximo año.
El 13 de agosto de 2020 ganó la licitación la gran operadora de fondos buitre BlackRock en este tramo del tren maya, además de que fue la única que participó. Se mencionó que también estaban Greenfield y hasta Prodemex (de Vázquez Raña).
Eran notorios los titubeos o falta de coordinación. El mismo Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de la primer semana de septiembre de 2020, presumió de su relación con el CEO de Black Rock, Larry Fink, incluso dijo que estudiaba la propuesta de conformar una Asociación Pública Privada (sus tan criticadas APP) si le salía en los mismos montos que un préstamo.
El titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons había «amarrado» la entrega del tramo de 121 kilómetros a Black Rock, pero mediante un esquema de asociación público-privada, muy diferente a los contratos de obra del resto de los tramos. Era la única empresa que reunía los requisitos de la licitación y la que podía disponer de tanto dinero.
Era lo que llamaban una propuesta no solicitada que ofrecía financiar todo el proyecto y los que participen tienen que traer el financiamiento aparejado. Incluía el desarrollo y adecuación de la plataforma ferroviaria para el tramo Cancún-Tulum de 121 kilómetros, adecuaciones carreteras, la rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de la carretera federal por un periodo de 18 años.
Pero López Obrador canceló decisiones que Fonatur ya había tomado para la construcción del Tramo 5. Se borraron puentes que iban a desaparecer, pasos elevados, reubicación de miles de árboles, carreteras, terminales de mantenimiento, desviaciones y hasta pasadizos ecológicos.
Entonces, el 9 de septiembre, se tuvieron que pagar 50 millones de pesos que la compañía invirtió en estudios en diseño del proyecto ejecutivo, verificar trámites y permisos necesarios, por lo que al no quedarse con la obra, Fonatur indemnizó porque les había firmado un certificado que sería pagadero si otro ganara el concurso. Sucede que este proyecto se pagó pero no se va a realizar, ya se cambiaron los planes.
Jiménez Pons dividió entonces el tramo en dos fases, manteniendo la idea de construir la vía en medio de la carretera. Así se licitó en febrero de 2021 el subtramo Tulum-Playa del Carmen. El concurso se canceló definitivamente luego de dos aplazamientos, a principios y a finales de febrero.
Después de cinco meses de retraso por burocracias y fallas geológicas, en marzo de 2021, cuando se iba a anunciar a la constructora responsable del subtramo Cancún-Playa del Carmen, el Presidente López Obrador, dijo que el Ejército construiría un segundo piso de 50 kilómetros para esa fase de la obra. Los militares serían responsables de la construcción, por cuyo proyecto ejecutivo lo cobraron en 450 millones de pesos.
Ahora se vuelve al plan original y se realiza la expropiación de terrenos que ha puesto a las organizaciones empresariales entre la espada y la pared.
Entre ineficiencias y corruptelas, a todos nos llevó el tren.