Por Rafael Santiago
Ninguna autoridad quiere tocar a Aguakan, su poder económico le permite realizar todo tipo de componendas con los diversos aspirantes a cargos de elección popular. Por eso la consulta para que la ciudadanía decida si quieren que se quede con la concesión o se vaya, no la quieren realizar ninguna autoridad, porque pone en peligro los negocios que realiza con esta empresa.
Los poderes de esta empresa son tan grandes que tienen como uno de sus asesores jurídicos a Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de la revista Proceso, quien hace unos meses fue corrido del gobierno obradorista por lavar dinero en paraísos fiscales, aunque su salida fue acompañada de una coreografía de falsos abrazos y apapachos, «es como mi hermano» dijo Andrés Manuel López Obrador. Y lo colocaron como asesor de la presidenciable Claudia Sheinbaum para que pueda seguir en el gobierno de la 4T.
El poder local el mucho mayor, aquí tiene su feudo, con ganancias de más de un millón de pesos diarios, por tener las concesiones del servicio de agua potable en los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen. El gobernador, presidentes municipales, diputados y organismos electorales son sus cómplices, mientras que la mayoría de los aspirantes a cualquier cargo de elección popular, solo intentan chantajearla pero terminan por negociar recursos para sus campañas.
Hace unas semanas el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqro), bajo el argumento de recorte de 62 millones de pesos al su presupuesto, publicó que solo destinará mil pesos para la consulta ciudadana contra Aguakan, planteada por la senadora Marybel Villegas. Algo risible y ridículo. Ni siquiera es lo que gasta en celular la titular de Instituto Mayra San Román Carrillo Medina, quien por cierto tiene un sueldo superior al Presidente de la República.
En un principio se consideraban 8 millones de pesos para realizar el plebiscito, pero fue reducido en 99.8 por ciento , en base a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Congreso del estado aplicaron una disminución de 62 millones al Ieqroo, por lo que al quedar su presupuesto general en 408 millones, se redujo casi a cero las consultas populares que se realizarían en la jornada electoral del 5 de junio.
Para el Ieqroo las cosas fueron sencillas, si originalmente tenía contemplado 8 millones 642 mil 642 mil pesos para implementar los mecanismos de participación ciudadana a través de la Dirección de Organización, en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, lo redujo 99.8 por ciento. Así que mil pesitos para la consulta contra Aguakan.
Desde 1993, la empresa Aguakan de Jorge Eduardo Ballesteros Franco da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo. Todo sin que mediara licitación alguna y con el pago de mil 055 millones de pesos, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), tiene un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015.
Jorge Eduardo Ballesteros Franco tomó los lugares que eran los únicos que generaban recursos para el organismo oficial, CAPA, por lo que al quedarse sin esos ingresos se fue a la quiebra. El cobro es desmesurado por brindar el deficiente servicio de agua potable a los ciudadanos y afecta el ecosistema a través de la contaminación del agua y de mantos freáticos, debido a las precarias condiciones en las que trabajan las plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio, así como en los cárcamos de agua potable.
El 10 de noviembre de 2014, los entonces apoderados de la empresa José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley solicitaron al Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, así como a los gobiernos municipales de Benito Juárez (desde 2015 también Puerto Morelos), Isla Mujeres y Solidaridad, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un único título de concesión para los municipios, extenderlo a Solidaridad y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2053.
Sin embargo, por las irregularidades del otorgamiento y las cientos de denuncias ante la Profeco por cobros indebidos, autoridades locales buscan anularla mediante un recurso jurídico y una consulta ciudadana. Incluso el Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad en su artículo 45 prohíbe expresamente la concesión de los servicios públicos como el agua y alcantarillado a particulares.
Fue el contubernio de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo; Mauricio Góngora, exedil de Solidaridad, ambos encarcelados por desvío de recursos públicos; Paul Carrillo de Cáceres, corrupto exedil de Benito Juárez; y Agapito Magaña Salazar, exedil de Isla Mujeres los que le abrieron la puerta a Jorge Eduardo Ballesteros para que pudiera extorsionar a los quintanarroenses del norte con la empresa Aguakan.
Ahora la Senadora Marybel Villegas Canché, juntó las 50 mil firmas necesarias para llevar a cabo la consulta ciudadana sobre la concesión en los cuatro municipios donde opera la empresa. Pero ninguna autoridad tiene la intención de ofender a Aguakan.
Ya le buscarán el modo de que la consulta fracase y Aguakan siga con sus millonarias ganancias a costa de los bolsillos de los quintanarroenses.