Por Rafael Santiago
La lucha por ocupar la próxima presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), ha dejado claro que como aplanadora los diputados quieren imponer a su ex compañera de bancada, Judith Rodríguez Villanueva.
De los trece aspirantes, Rodríguez Villanueva es propuesta por los grupos legislativos de Morena, PVEM, PT, PRD y la representación legislativa de Movimiento Auténtico Social (MAS). Los demás son Laura Susana Martínez Cárdenas, postulada por el grupo legislativo del PAN; César Cervera Paniagua, impulsado por Yaax Repúblika A.C; Eduardo Ovando Rivera, propuesto por Mujeres Emprendedoras por Quintana Roo A.C, Olga Tatiana González Morga, postulada por Pro Dignidad Universal A.C, y Enrique Miguel Paniagua Lara, fue postulado por diez asociaciones civiles.
Georgina Muñoz Álvarez, postulada por la asociación civil Libertad de Accesibilidad A.C; Ángel Moisés Pacheco Forbes, propuesto por Fundación Comunitaria Cozumel I.A.P; y Omega Istar Ponce Palomeque, postulada por Círculo Social Igualitario A.C.
También están los ciudadanos Virginia Cabrera Ramírez, postulada por tres asociaciones civiles; Carlos Vega Martínez, propuesto por tres asociaciones civiles; María Teresa Paredes Hernández, postulada por tres asociaciones civiles; y Herminia Salinas Peña, postulada por Activismo Playense A.C., completan la lista de aspirantes registrados.
Sin embargo la postulación e inminente aprobación de Judith Rodríguez, ha sido muy cuestionada, ya el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, expresa que la posibilidad de que la diputada local, Judith Rodríguez Villanueva, encabece la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHQROO) tiene una intencionalidad política, » que se puede interpretar como un posible conflicto de intereses el que una persona que estuvo como legisladora se postule al cargo”.
Organizaciones de todo tipo, que siguen de cerca la designación del omdbusman local, como ell observatorio @designaciones, impulsado por @FundarMexico y @article19mex hacen llamado al Congreso del Estado para realizar un proceso limpio, transparente, con participación ciudadana para que sea efectiva y útil la designación de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo), ya que la entidad necesita un ombudsman independiente, con el que la ciudadanía tenga la certeza de que fue elegida la persona con el perfil idóneo para ocupar este cargo de vital importancia.
Por si fuera poco, el ungimiento de Judith Rodríguez sería violatorio a las leyes de servidores públicos. Hay que recordar que los diputados primero hicieron en lo oscurito una modificación a la ley de la Cedhqroo, para eliminar los candados que impedían que uno de los actuales diputados ocupara el cargo. No sólo violaron la Ley de servidores públicos del Estado, sino la Ley Federal de Administración, en claro beneficio propio.
Los diputados son servidores públicos de acuerdo al 108 Constitucional y también está estipulado en el artículo 160 de la Constitución de Quintana Roo. Y si es verdad que los servidores públicos deben conducirse con rectitud y no utilizar su empleo para sacar ventajas, tal como reza el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa Federal, entonces y se violan también estos preceptos. Y esta misma ley en su artículo 47, inciso XIV, les exige excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios»,
El congreso, aunque de mayoría morenista, está gobernado por el Partido Verde y hace poco intentaron perpetuarse en el poder al intentar la ley quedarse en su curul hasta por 12 años, a pesar de que son una de las legislaturas más improductivas y caras, según el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (Imco).
Por si fuera poco, Judith Rodríguez al estar frente a la comisión de Derechos Humanos del Congreso, dio la espalda a todos y todas las que reclamaban sus derechos, tal como lo denuncia insistentemente Cecilia Solís, una de las víctimas que recibió un balazo en la pierna, el día 9 de noviembre en que Hermelinda Lezama reprimió una manifestación feminista frente al palacio municipal.
Pero poco importa estas cuestiones legales, al parecer la imposición viene con todo.