Por Rafael Santiago
Erigido sobre un imperio de corrupción, Aguakan (Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V.) mantiene el servicio de agua, drenaje y saneamiento de los municipios más importantes de Quintana Roo.
Desde el 2014, gracias al gobernador Roberto Borge Angulo, le entregó, hace 39 años, la concesión de agua potable y alcantarillado en el municipio de Solidaridad, y además le prorrogó por 30 años más (es decir hasta el 2053), las de Cancún(que ya tenía desde 1993), agregando las de Puerto Morelos e Isla Mujeres.
El negocio es tan jugoso, que en el 2015, es decir en el año y medio siguiente, recuperó los 1055 millones de pesos que pagó por las concesiones, lo cual puede constatarse con la calificadora Fitch Ratings (que menciona que en el 2015 tuvo ganancias de 678 millones, un 60% de lo pagado), por lo que desde abril del 2016, todo es ganancias multimillonarias garantizadas por 30 años.
También se puede apreciar que en el último informe presentado por Aguakan a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa obtuvo ingresos en 2017 por más de 2 mil 335 millones de pesos. Su bonanza incluye también un adeudo, porque se supone que tenía que pagar un 10 por ciento de sus ganancias a los municipios (que en ese año era de más de 800 millones que tenía que pagar al gobierno estatal). Si juntamos los años siguientes, el monto supera con creces más de 4 mil millones de pesos.
Y a pesar de ello Jorge Eduardo Ballesteros Zavala (representante legal en la firma del acuerdo de concesión), junto con los socios Jorge Eduardo Ballesteros Franco, Diego Ramos González de Castilla, Enrique Rojas Blasquez y Diego Xavier Avilés, han incrementado los precios al consumidor por el servicio de ese bien común, convertido por los gobiernos neoliberales en una mercancía.
Jorge Ballesteros Franco también integra el Consejo de Kimberly Clark (que pertenece a Claudio X. González), además de que sus empresas recibieron en el sexenio de Salinas de Gortari, el negocio de construcción de la Autopista del Sol, entre otras obras a lo largo y ancho del país. Por si todo ello fuera poco, el presidente Ernesto Zedillo lo incluyó en el Fobaproa para que su deuda privada se convirtiera en deuda pública, a través del Grupo Mexicano de Desarrollo, al que pertenece Aguakan.
Ballesteros resultó toda una fichita, ya que incluso tiene demandas en los Estados Unidos, por abuso en la utilización de información privilegiada, al comprar miles de acciones de Nalco Chemical Company, porque ya sabía que sería comprada por la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, lo que le permitió ganar varios millones de dólares.
AGUAKAN CORROMPE A POLÍTICOS
Andrés Manuel López Obrador se comprometió el 6 de junio de 2019 con intervenir para frenar la voracidad de Aguakan, dijo tenía conocimiento del caso y que esperaría la intervención del gobierno estatal y los municipales (pero Hermelinda Lezama, alias Mara, presidenta municipal por Morena en Cancún, el punto más importante de este negocio del agua, no ha hecho nada para recuperar el servicio del agua y mucho menos el gobernador Carlos Joaquín González). Hasta la fecha se ha olvidado completamente el asunto, nada se ha hecho, a pesar de que insistentemente habla contra de las privatizaciones. El entonces Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, había dicho entonces que Aguakan era el “rey de las denuncias” y fue enfático en que se actuaría con rigor porque a “esta empresa le da por facturar el aire”, en referencia a los altos cobros.
El saqueo privatizador del agua, fue orquestado desde la presidencia de la república por Enrique Peña Nieto, con el respaldo local del gobernador Roberto Borge Angulo (manipulado por su titiritero Félix González Canto); con la funcionaria Paula Guadalupe González Cetina, entonces titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), quien por cierto fue exonerada de cualquier cargo de corrupción al quitarle más de mil millones que todavía nadie sabe dónde están+; los presidentes municipales: Paul Carrillo, en Benito Juárez (Cancún); Mauricio Góngora, Playa del Carmen; Agapito Magaña Sánchez, Isla Mujeres; y el concejal Leonel Medina Mendoza, en Puerto Morelos. Sin faltar los diputados locales, a los que algo se les untó en las manos para que pudieran levantar el dedo sin chistar (estaban encabezados por Chanito Toledo y entre ellos se encontraba Filiberto Martínez Méndez, Marcia Alicia Fernández Piña (hermana de Laura Fernández Piña, entonces presidenta de Puerto Morelos y actual diputada federal electa por Morena y el Verde) y Jesús de los Ángeles Pool Moo (del PAN-PRD).
NUNCA PROCEDEN LAS DEMANDAS
En las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en los últimos dos años existen 210 quejas en por mal servicio, pésima calidad del agua, abandono de las plantas de tratamiento de aguas negras y cobros indebidos (107 en el 2019; 92 en el 2020 y 11 en lo que va del año). Aunque se menciona que las multas pueden ser millonarias, la realidad es que nunca se las aplican.
Además de esto, existen varias violaciones legales a nivel estatal y municipal que podrían fácilmente conseguir la cancelación de la concesión. Como es el caso del Bando de Gobierno en el municipio de Solidaridad que en su artículo 45 prohíbe la concesión de los servicios públicos como el agua y alcantarillado a particulares. También se violó el artículo 126 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, porque se debió emitir una convocatoria por parte del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable con las bases ni licitación, por lo menos para aparentar que se elegiría la mejor opción económica y de calidad.
También se han interpuesto desde el 2018, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo recursos para anular la concesión del agua, pero han quedado archivados. La empresa ha manifestado ante sus inversionistas, para mantenerlos en calma, que la denuncia es infundada, a pesar de las evidencias de violaciones a la ley municipal y estatal. Y lo cierto es que nada ha avanzado contra Aguakan, incluso se menciona que su asesor jurídico es un importante funcionario federal de la 4T.
En esta lucha, desde junio del 2019 se interpuso una demanda colectiva en Playa del Carmen y después se extendió a otros municipios. Así quedó asentada en el oficio PFC/SPJ/DGAAG/0221/2019, emitido por la dirección General Adjunta de Acciones de Grupo Extraurgente de la Subprocuraduría Jurídica de la Profeco contra la concesionaria. Se buscaba que la Profeco protegiera los derechos de los consumidores afectados por el mal servicio.
IMPIDEN CONSULTA
Ya en este 2021, se buscó un mecanismos de participación ciudadana, y la senadora Marybel Villegas consiguió 50 mil firmas de lo los municipios donde tiene presencia Aguakan, lo que es mucho más del tres por ciento de la lista nominal (que serían 18 mil 472 en Cancún, 6 mil 792 en Solidaridad, 608 en Isla Mujeres y 600 en Puerto Morelos) necesarias para que se realizara una consulta popular el mismo día de las elecciones del 6 de junio y sacar de la entidad a esta empresa concesionaria del agua, pero el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), aunque había aprobado realizarla, al final el gobernador Carlos Joaquín presionó para que no se realizara y se dijo que no había dinero, y por los consiguiente no se hizo nada. Tal es el poder político y económico de esta empresa.
Hasta ahora, todo lo que se ha intentado para frenar este robo descarado, se estrella sobre un muro de corrupción. Y en la entidad es muy conocido el juego político de chantaje, que realizan todos los candidatos a las presidencias municipales, que consiste en amenazar a la empresa concesionaria (Aguakan) con retirarle la concesión, pero la intención es obtener pingües beneficios para sus campañas electorales. Aguakan lo sabe y hasta ahora ha logrado integrar a todos a su círculo de componendas para que pueda continuar sin problemas con ese lucrativo negocio.
Hay casos extremos, como el que se dio con Cristina Torres, en Playa del Carmen, que su primer campaña la hizo con el estandarte de recuperar para el municipio el control del agua y ya en el poder no hizo nada y posteriormente, en su intento fallido de reelección, volvió a usar la misma bandera de recuperar la concesión. Los políticos saben del bien ganado repudio de Aguakan por todos los abusos que comete en los cobros (en Yucatán cobran 50 pesos y aquí los recibos superan los trescientos pesos)
Aparte de la complicidad de la clase política, tienen el apoyo de las cámaras empresariales, cuenta con las bendiciones de la iglesia, pueden pagar la defensa de los mejores abogados y son tratados con mimos en la prensa que elogia un día sí y el otro también cualquier acción que cometa por más irresponsable que parezca.
La actual senadora, Marybel Villegas, considera que sí se hará la consulta y está segura de que el pueblo repudia a Aguakan y que se le retirará la concesión. Por ahora espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga lo conducente para que en el próximo proceso electoral pueda realizarse la consulta popular.
Recientemente la diputada Érika Castillo, presentó la iniciativa para regular cobros de servicio de agua potable, sobre todo para controlar el precio y evitar que lo pongan a su antojo, aunque la mayoría del congreso es de Morena, los diputados se han caracterizado por aprobar endeudamientos del estado y respaldar todo lo que les ordene el gobernador, así que no se esperan que la propuesta logre avanzar lo más mínimo.
DEJA SIN RECURSOS A CAPA
Decían que CAPA se iba a capitalizar al tener a alguien que hiciera las inversiones, pero fue todo lo contrario, pues al quitarle la recaudación de los municipios más importantes, la dejaron sin ingresos y con los mismos gastos de nómina y la necesidad de hacer inversiones grandes en lugares donde no es redituable realizar grandes inversiones.
Los ingresos por agua potable y alcantarillado eran de 741.9 millones de pesos, antes de la privatización del sector a través de las concesiones, por lo menos similares a sus egresos, 773.4 millones de pesos. Después de 2015 sus ingresos se vieron mermados en más de 200 millones de pesos, lo que lleva irremediablemente a su quiebra, que para evitarse se tiene que aplicar mayor inversión pública.
El decreto 250 que aprobó la pasada Legislatura para entregar la concesión, argumentaba la falta de presupuesto: “En este momento la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y los Municipios que han comparecido en esta iniciativa, exponen que no tienen la capacidad para atender al cien por ciento la demanda de los servicios, montos de inversión, ni la infraestructura que se requiere para atender de manera eficaz y eficiente la creciente demanda de miles de usuarios nacionales y extranjeros”.
El 8 de diciembre de 2014, durante la presidencia municipal de José Mauricio Góngora Escalante, quien después sería candidato del PRI a la gubernatura, el Cabildo de Solidaridad aprobó por unanimidad que se entregara la concesión, según consta en el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de aquel diciembre de 2014:
“Es de destacarse los diversos compromisos de metas de coberturas, eficiencias e inversiones en el sistema de agua y drenaje que Desarrollos Hidráulicos de Cancún. Resultan superiores a las que actualmente se prestan por lo que dicha concesión representará múltiples beneficios de calidad y cobertura para los usuarios”.