Por Rafael Santiago
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila fue electo el 4 de septiembre, como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) por el tercero y último año de la XVI legislatura del Congreso.
Su trayectoria como diputado es muy cercana a Carlos Joaquín y le tocará cerrar la puerta de su gobierno. Su vida política está llena de escándalos y abusos; luchó en contra de la Gran Comisión, pero al tenerla se olvidó de sus promesas y aprovechó para saquear el Congreso; comprar a los diputados entregándoles dinero a manos llenas para supuestas obras sociales sin comprobar; además de que la Auditoría Superior de la Federación exige se aclaren cuentas millonarias por gastos personales.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) tiene pendiente, desde el 2018 cuando fue el último presidente de la Gran Comisión, justificar la Auditoría Superior de la Federación (SDF), que encontró faltantes por 33.6 millones al presupuesto anual autorizado en ese entonces. Incluso en abril de presente año se le volvió a solicitar al Congreso que se aclararan cuentas, pero la complicidad de los diputados actuales, encabezados por el saliente dirigente verde ecologista de la Jugocopo, Gustavo Miranda, lo mantiene a salvo.
Todo ese dinero lo gastó Arcila por el concepto de «servicios personales», contemplados en el capítulo 1000, según la auditoría 1750 (presentada el 20 febrero de 2020), en la que se demuestra que el exagerado gasto que Arcila reportó de 315.98 millones de pesos tenía millonarios desvíos. Las explicaciones y justificaciones que presentaron los legisladores, no fueron suficientes para la autoridad federal, por lo que la solicitud de aclaración 2018-G-23000-19-1750-03-001,se transformó en una observación en abril del presente año.
Pero todo eso no ha importado, incluso antes de que tomara posesión como presidente de la JUGOCOPO, la ASF envió a Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, el oficio OAESII/PO-38/2021, en el que le exigen que explique la asignación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018. Hasta la fecha el Congreso no ha dado ninguna respuesta a los requerimientos de transparencia que exige la federación, que ya le puso la fecha del 30 de septiembre del presente año.
ARCILA REPARTE EL BOTÍN
Los diputados de la XV legislatura, muchos de ellos actualmente presidentes municipales, financiaron sus campañas con dinero del Congreso, todo en común acuerdo del que era entonces el todopoderoso presidente de la Gran Comisión, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
La organización civil Somos Tus Ojos, que preside Fabiola Cortés, ha obtenido de Transparencia Quintana Roo y de datos publicados en la página de transparencia del Congreso del estado, todos los desvíos realizados por los diputados, a los que se les entregaron recursos supuestamente para ayudas sociales y que solamente sirvieron para corruptelas. Las entregas eran realizadas en la mayoría de los casos, a personas inexistentes o utilizadas en sus campañas electorales para las presidencias municipales (de ese entonces son las facturas a nombre del Congreso, que Laura Beristain entregó de la compra de colchones para su hotel, incluso cuando queda su suplente, Teresa Sonia López Cardel, cuando ella busca la presidencia de Solidaridad continúa pidiendo ese apoyo).
En las cuentas documentadas, el gasto de los 25 diputados de la XV Legislatura de Quintana Roo hasta septiembre de 2018, según la solicitud de información 00837118, de septiembre a diciembre de 2016, el Congreso destinó 23 millones 312 mil 028 pesos al rubro de ayudas sociales, que sumados a los 87 millones 053 mil 997 pesos que la XV Legislatura gastó en 2017, más los 37 millones 250 mil 330 pesos, ejercidos hasta septiembre de 2018, de acuerdo a datos públicos, hacen el monto de 147 millones 616 mil 355 pesos destinados al cuestionado rubro.
La investigación de Somos Tus Ojos da cuenta de cada uno de los diputados con los que acordó el diputado panista Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de todopoderosa y ya desaparecida Gran Comisión. Arcila tiene la característica de que nunca ha ganado una elección. Accedió a su curul por la vía plurinominal (posteriormente lo logró de igual forma y se ha mantenido como legislador en la actual legislatura) es uno de los diputados que más dinero ha empleado de las “ayudas sociales», en total, 7 millones 884 mil 177 pesos que reportó haber destinado a 762 ayudas sociales que no comprobó a nadie.
El diputado panista Eduardo Lorenzo, fue denunciado junto con los demás integrantes de la Gran Comisión como responsable del manejo y destino del presupuesto de ayudas sociales. Pero el Congreso se ha convertido en una madriguera de corrupción. Entre los beneficiados estuvieron Mayuli Martinez; Mario Villanueva Tenorio; Jesús Zetina Tejero; Emiliano Ramos; Elda Candelaria Ayuso Achach (quien cada vez que vendía su voto se escondía en el baño para que ganaran las posiciones a favor de Carlos Joaquín) y José Esquivel Vargas. En realidad todos recibieron esos recursos, incluyendo a Raymundo King de la Rosa. Y para que pudieran hacer sus campañas y dedicarse a sus negocios, hizo las reuniones del Congreso los martes y miércoles para dejarles un fin de semana de cuatro días.
Según la solicitud de información 00837118, de septiembre a diciembre de 2016, el Congreso destinó 23 millones 312 mil 028 pesos al rubro de ayudas sociales, que sumados a los 87 millones 053 mil 997 pesos que la XV Legislatura gastó en 2017, más los 37 millones 250 mil 330 pesos, ejercidos hasta septiembre de 2018, de acuerdo a datos públicos, hacen un total 147 millones 616 mil 355 pesos destinados al cuestionado rubro. Y esto es solamente una parte de todos los recursos que desaparecieron.
LOS NUEVOS SOBERANOS LEGISLATIVOS
En la sesión en que se definió a Lorenzo Martínez Arcila como presidente de la JUGOCOPO, se determinó que el diputado Carlos Hernández Blanco fungirá como secretario.
En la reunión se contó con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva Tepy Gutiérrez Valasis, los coordinadores legislativos de MORENA diputado Edgar Gasca Arceo, del PVEM Gustavo Miranda García, del PT diputado Hernán Villatoro Barrios, del PRD diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, así como de los representante legislativo del PRI Carlos Hernández Blanco.
Gustavo Miranda se retira en la oscuridad, tal como llegó. entre los escándalos familiares que lo ubican como uno de los grandes capos inmobiliarios, junto con su madre y el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista (PVE), Pablo Bustamante. Quizá con el único mérito servil de haber operado un endeudamiento del estado, promovido por Carlos Joaquín, por más de 820 millones de pesos que se están utilizando para obras con costos inflados, como son ciclopistas de 250 millones de pesos y mejoramiento de caminos que nadie supervisa.