CIUDAD DE MÉXICO
Ante la falta de apoyo al sector y la crisis que afecta a cooperativas, compradores y empacadores por la pandemia, el crimen organizado gana terreno en la actividad pesquera que realizan comunidades ribereñas, que, por necesidad o presión, reciben créditos de la «maña» para fabricar sus redes, reparar motores o remozar sus pequeñas embarcaciones, previo al inicio de la temporada de captura.
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En el pasado, cuando los pescadores artesanales no tenían liquidez para enfrentar los gastos que generaba el reinicio de sus actividades, recurrían a préstamos de las mismas personas que regularmente compran su producto, lo que se conoce como «avituallar», con el fin de estar listos para salir a trabajar, una vez que se levanten las vedas.
Pero a diferencia de otros años, los pescadores de pequeña escala, severamente golpeados por el cierre de mercados y los contagios de Covid-19, que ellos mismos sufrieron o sus familiares, no tienen otra salida que aceptar el financiamiento de la delincuencia, que les cobra altos intereses, ya sea en efectivo o en especie.
Productores ribereños consultados por Excélsior reconocieron que va a llegar un momento en que si no hay producción, «los malosos» les van a cobrar los adeudos con sus equipos o sus permisos de pesca.
«Anteriormente el financiamiento se daba de dos maneras, la cooperativa de donde eres socio te avituallaba y te prestaba una lana, y la otra opción era a través del comprador, el mayorista, la persona a la que le entregabas el producto te daba un crédito incluso sin intereses y le pagabas con pescado o con dinero; si era una temporada mala, no pasaba nada, la siguiente temporada lo reponías.
“Desafortunadamente lo que está haciendo ahora el crimen organizado es intimidar a los grandes intermediarios para que dejen de comprar producto y por consiguiente dejen de avituallar a los pescadores», explicaron.
Los pescadores que pidieron el anonimato por razones de seguridad detallaron que tampoco las cooperativas tienen capital para avituallar, porque en el sector ya no existe ningún tipo de apoyo, de 22 programas que había sólo quedó uno, el llamado Bienpesca, que se entrega una vez al año de manera directa por un monto único de siete mil 200 pesos.
«Anteriormente mucho del dinero que se otorgaba a las cooperativas, ya sea para ordenamiento pesquero, modernización de artes de pesca, apoyo en investigación o inspección y vigilancia, se quedaba ahí mismo y servía para avituallar a los socios, pero ahora no existe nada y entonces las cooperativas van en picada, rumbo a la quiebra», advirtieron.
Las fuentes indicaron que lamentablemente ante la ausencia de las autoridades y la falta de aplicación de la ley, esta situación se repite en la mayoría de los estados costeros, como es el caso de Quintana Roo con el caracol rosado; el pulpo en Yucatán; la región noroeste: Sonora, Sinaloa y Baja California, con el camarón, así como en Baja California Sur con la almeja generosa y la almeja catarina.
Pesca ribereña
De acuerdo con Environmental Defense de México (EDF), la pesca ribereña genera entre 250 y 300 mil empleos directos y aporta el 23 por ciento de la producción pesquera nacional, es decir, que dos de cada cinco pescados y mariscos que llegan a nuestras mesas provienen de este sector, lo que contribuye al desarrollo económico de numerosas familias y comunidades costeras del país.
En los 17 estados que tienen mar en la República Mexicana existen 263 municipios costeros, donde hay aproximadamente 74 mil 286 embarcaciones de pesca tradicional.
De acuerdo al estudio «Impacto Social de la Pesca Ribereña en México», la mayoría de estas localidades presentan un cierto grado de marginación, pobreza, discriminación y aislamiento, que las vuelve invisibles en las intervenciones de desarrollo y programas de política social.
Covid-19
Según el reporte «Principios para la Nueva Normalidad en la Pesca de Pequeña Escala», elaborado por Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), cuando se declaró el confinamiento por la pandemia en México (marzo 2020), el 48 por ciento de los pescadores dejaron de realizar sus actividades y ocho meses después, el 91 por ciento de los entrevistados reportaron haber regresado a pescar, pero con limitaciones.
El informe elaborado en diciembre de 2020, establece que el 52 por ciento confirma la reapertura total de sus mercados, mientras que el 28 por ciento sigue esperando que la situación mejore.
A pesar de la reactivación paulatina de la actividad, dos de cada tres productores (67 por ciento), señalan que su pesquería no ha vuelto a la normalidad.
Los cambios negativos mencionados reflejan que la principal preocupación de las comunidades pesqueras es la economía (44 por ciento), además de que les apura el incremento de la delincuencia y la desinformación (26 por ciento), mientras que el resto se refiere a temas de salud, impactos al ambiente y el rol del Estado.
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En tanto, el estudio «Resiliencia de las comunidades pesqueras de México ante Covid-19», también de COBI, que data de marzo-abril de 2020, indica que el precio de la langosta del Pacífico cayó entre 40 y 60 por ciento, la langosta del Caribe hasta 40 por ciento, el callo de hacha de 30 a 50 por ciento, y los peces escama entre 50 y 60 por ciento, lo que hizo crisis con el aumento de productos de la canasta básica.
En el tema social, los impactos se debieron al cierre de pequeñas comunidades de hasta dos mil 500 habitantes y en algunos casos, porque las cooperativas de pescadores dejaron de otorgar préstamos o repartir el fondo de ahorro a los agremiados.
El 42 por ciento de los pescadores de pequeña escala menciona que no ha recibido ningún tipo de apoyo y les urgen despensas de alimentos, incluyendo leche para niños, medicinas y materiales de protección personal.