Estados Unidos sancionó el jueves a tres altos funcionarios de Cuba, en la cuarta ronda de medidas punitivas en respuesta a la «violenta represión» de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron el 11 de julio.
Roberto Legra y Andrés Laureano González, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), y Abelardo Jiménez, del Ministerio del Interior (MININT), fueron incluidos en la lista negra del Tesoro, indicó un comunicado.
Variante delta del covid pone en jaque a los hospitales de Luisiana
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky que permite castigar a quienes hayan cometido abusos de los derechos humanos en otros países, suponen el congelamiento de cualquier propiedad en Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción a través del sistema financiero estadunidense.
Washington «seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos», dijo Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Esta medida expone a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos», agregó.
Legra es subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que durante las protestas desplegó las Tropas de Prevención (TDP), una unidad de la policía militar. González es el jefe del Ejército Central, y Jiménez, el director de cárceles de Cuba.
Pacíficas y prodemocráticas
Las fuerzas de seguridad cubanas han detenido a más de 800 personas en respuesta a las protestas, muchas de las cuales se encuentran recluidas en régimen de ‘prisión preventiva’ y aún se desconoce el paradero de varias personas», dijo el Tesoro en un comunicado.
Decenas de personas ya han sido condenadas a hasta un año de prisión o trabajo correccional como resultado de juicios sumarios», añadió.
El presidente Joe Biden advirtió a La Habana que habrá más sanciones «a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
La primera serie de sanciones de Estados Unidos «por reprimir protestas pacíficas y prodemocráticas en Cuba» fueron el 22 de julio, contra el titular del MINFAR, Álvaro López Miera, y la unidad antimotines Brigada Especial Nacional (BEN) del MININT.
El 30 de julio, Washington aplicó medidas financieras contra la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y sus más altos responsables: el director, Oscar Callejas, y el subdirector, Eddy Sierra.
La tercera ronda fue el 13 de agosto, contra las TDP, también conocidas como «Boinas rojas», así como contra los jefes de la Dirección Política del MININT, Romarico Vidal Sotomayor, y de la Dirección Política de la PNR, Pedro Orlando Martínez.
El 11 y 12 de julio miles de personas salieron a las calles en Cuba reclamando tener «hambre» y pidiendo el fin de la «dictadura», en medio de la peor crisis económica en décadas y de una ola de contagios y muertes por covid-19.
Sin precedentes tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959, las protestas dejaron un muerto y decenas de heridos. Cientos fueron detenidos.
Washington ha pedido la liberación de los manifestantes, mientras trata de encontrar formas de garantizar el acceso a internet para el pueblo cubano.