Por Rafael Santiago

En días pasados, en el programa de la Mañanera del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer y el procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón, declararon que el ejido José María Pino Suárez, de Tulum, no tiene ninguna colindancia con el mar.

Con esta acción, el gobierno de la 4ta Transformación, donde supuestamente están primero los pobres, se coloca del lado de los que han iniciado todo este enredo inmobiliario como José María Garza Treviño.

Estas tierras significan miles de millones de dólares para todos los desarrolladores inmobiliarios involucrados, que desde hace unos 50 años han querido despojar a los ejidatarios. Así que con Morena se logran importantes cambios.

Por lo menos hay que referirse al martes 30 de abril de 1973, en el dictamen que hizo el Cuerpo Consultivo Agrario número 22/12719, sobre el ejido José Ma. Pino Suárez, entonces parte de la delegación de Cozumel, ante la solicitud de 45 campesinos.

El ejido se conformó el 15 de enero de 1972 para que pudieran trasladarse a un Nuevo Centro de Población Ejidal, compuesto por campesinos de Tenosique, Tabasco. Se publica el 25 de febrero de 1972 en el Diario Oficial de la Federación. Se donaron 10 mil 150 hectáreas de la delegación Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, en la que se menciona la colindancia con el mar Caribe al este.   

Hasta ahí todo parece normal, sin ningún problema. Pero «entre la superficie proyectada y el Mar Caribe se encuentra una franja de terrenos baldíos, propiedad de la Nación, ocupada por los señores José Antonio González Avilés y Felipe Hernández Colli, que tienen poseción de 105-60-00 y 10-13-33 hectáreas, respectivamente, éste último tramitó diligencias Ad-Perpetuan cuya sentencia se incribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.»

La conclusión de la consultoría es clara: que se les entregue la tierra a los campesinos y que para darle salida al mar, se integren como ejidatarios a Antonio González Avilés y Felipe Hernández Colli, ocupantes de la franja baldía propiedad de la nación, que además nunca fueron solicitados ante la Dirección General de Terrenos Nacionales.

Hernández Colli tenía sus tierras registradas ante el Registro Público de la Propiedad, pero ello no importaba porque «podían afectarse porque los títulos Ad Perpetuan son ineficaces, pues los terrenos baldíos nacionales y demasías son de carácter imprescriptible, por lo que procede dotar con tales superficies al núcleo peticionario».

En la lista de beneficiados en el Nuevo Centro de Población, se incluyó a Herández Colli y a Antonio González Avilés, con lo que dejan salida al mar.

Todo esto se publica el Diario Oficial del 11 de diciembre de 1973,  fue el 19 de noviembre de 1974 cuando se inscriben ante al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, sin importarles la determinación federal.

De ahí surgen 13 escrituras y después 69 más, en las que se encuentra apellidos importantes como los Garza Ponce, Schiavón, Montemayor Furken, entre otros.

Después de ello se han vendido varias veces más y ahora es todo un enredo de documentos ejidales y del Registro Público de la Propiedad. Lo que ha provocado una verdadera orgía de depredadores ejidales y particulares, que sacan raja de cualquier circunstancia y despojan si tienes título o si tienes certificado ejidal, todo depende de qué tan bien relacionado estés con el gobierno del estado y con la mafia del poder.

Pero ahora el gobierno de Morena, da la razón a todos los millonarios al asegurar, sin pruebas, que el ejido José María Pino Suárez no colinda con el mar, cediendo la palabra a para que brindara los detalles.

Por lo que desconoce todos los títulos y constancias sobre predios en la zona costera de este destino turístico carecen de validez, según lo que dijeron el titular de la Sedatu y el procurador Agrario, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según ellos, de esa manera ponen fin al conflicto que viene de décadas atrás en la zona conocida como Punta Piedra. Pero lo que no saben es que con su resolución aumentarán los despojos de predios, lanzamientos, litigios y hoteles con simulados juicios laborales.

Según los funcionarios morenists, quienes eran dueños de estas tierras, por el régimen privado, combatieron este parcelamiento y lograron anular mil 700 títulos sobre la franja costera.

“Se estableció una medida cautelar en 2020 que prohibe a cualquier autoridad, en especial a la Procuraduría Agraria a participar en cualquier nuevo procedimiento de delimitacion de terrenos ejidales, en tanto no se resuelvan los juicios”.

Incluso dijo que “Indebidamente el representante del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo contravino esta disposición y emitió títulos el año pasado, razón por la que ya fue separado de su cargo”.

La falta de certeza jurídica que se tenía en estos terrenos, en donde se sobreponían títulos privados con ejidales, facilitó por años el despojo de predios y hoteles en Punta Piedra, incluso por medio de corrupción y simulación de juicios laborales.

De todo el enredo se han aprovechado gobernadores, que arreciaron la represión para apropiarse de los terrenos desde el sexenio de Mario Villanueva Madrid, seguido por el de Joaquín Hendricks,Félix González Canto, Roberto Borge Marín y Carlos Joaquín González. Todos deberían estar en la cárcel por participar en esta estafa, pero no solamente se les perdona, sino que los apoya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que vean que el amarre no es solamente en lo político, sino también en lo económico.   

En esta historia los que han pagado con sangre y lucha son los ejidatarios, que ahora se ven despojados de sus derechos por un gobierno que supuestamente ayuda a los más necesitados. También hay periodistas muertos, como el caso del abogado Luis Alberto Velázquez López, director de un semanario local que se atrevió a denunciar los atropellos.

Pero ante cinco mil asesinatos, que son cinco o siete periodistas muertos, dice Andrés Manuel al responderle al Parlamento Europeo. Para un Presidente de la República que condena a diario a los periodistas, pues seguramente son muy pocos los muertos para tanto ruido mediático.

Pero las denuncias contra los acaparadores del lugar llamado ahora Punta Piedra (el nombre y las escrituras corresponden a un terreno en Felipe Carrillo Puerto), seguirán más allá de este gobierno que quiere entregar a los desarrolladores inmobiliarios una franja costera de miles de millones de dólares.  

Por editor

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