- Proponen otorgar un día laboral a las y los trabajadores víctimas de robo o asalto para denunciar el delito
- El diputado Martínez Ventura (PT) busca reformar la Ley Federal del Trabajo
Por Juan Darién
Para que los patrones otorguen permiso de un día laboral con goce de sueldo a las y los trabajadores que fueron víctimas de robo o asalto durante sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno, para que denuncien el delito del cual fueron víctimas ante el Ministerio Público correspondiente, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) impulsa una iniciativa.
La propuesta de reforma a los artículos 132 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, también establece como obligación de los trabajadores que hayan solicitado permiso para denunciar el delito de robo o asalto del cual fueron víctimas deberán presentar al patrón el documento que avale dicha acción, con la finalidad de evitar abusos de confianza.
Se pretende incrementar las denuncias por parte de las víctimas, así como dar los elementos legales a las autoridades correspondientes para que detengan a los delincuentes que han cometido robo o asalto en la calle o transporte público, y reducir el índice criminal ocasionado por este delito, una disminución de la inseguridad y un aumento de la tranquilidad de la población que usa el transporte público.
Precisa que el robo o asalto en calle o transporte público es el primer delito con más índice criminal en México, pues representó el 22.5 por ciento de los 27.6 millones de delitos que se cometieron durante 2020 en el país. En promedio a nivel nacional en las zonas urbanas se registró una tasa de 8 mil 161 robos o asaltos en calle o transporte público por cada 100 mil habitantes y en las zonas rurales se estimó una tasa de 2 mil 607 robos por cada 100 mil habitantes.
En las zonas metropolitanas la incidencia es aún más alta; por ejemplo, en la del Valle de México se registró un promedio de 17 mil 381 robos por cada 100 mil habitantes. El Banco de Desarrollo de América Latina declara que más del 40 por ciento de los pasajeros de la Ciudad de México y Guadalajara manifiestan haber sufrido o presenciado este delito durante su traslado en transporte público.
Para el caso de las y los trabajadores del país, abunda, ocho de cada diez tienen la necesidad de movilizarse a través del transporte público para llegar a sus centros laborales y posteriormente regresar a sus hogares; este sector es uno de los más vulnerables de ser víctimas de un robo o asalto en la calle o trasporte público y lo más grave es que en la mayoría de los casos el delito de robo o asalto en calle o transporte público queda impune, debido a que los delincuentes no son sancionados apropiadamente.
Esa falta de justicia se debe principalmente a que el 94.4 por ciento de las víctimas no denuncia, complicando las detenciones correspondientes, debido a que en el sistema penal acusatorio se plantea que tiene que haber flagrancia del delito y una denuncia previa. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, las principales causas de la falta de denuncias es la pérdida del tiempo, ya que las víctimas invierten de 2 a 4 horas ante el Ministerio Púbico.
Precisa que para las trabajadoras y los trabajadores la pérdida de un día laboral viene acompañada por la reducción del salario correspondiente, pues en la mayoría de los casos sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades diarias.
Expone que este delito genera violencia, muerte, miedo e incertidumbre en la población que usa el transporte público, reduciendo así su calidad de vida. Estos actos delictivos a nivel nacional han provocado a las víctimas pérdidas monetarias por victimización y gastos a consecuencia de daños en la salud, donde en los últimos 3 años, en promedio, anualmente las pérdidas a causa de este delito alcanzan los 31 mil millones de pesos.
Por ello, es urgente generar acciones que ayuden a incrementar las denuncias correspondientes ante las autoridades encargadas de impartir justicia, con el fin de generar elementos legales que permitan detener y sancionar debidamente a los delincuentes.