Por Rafael Quintanar
La justicia de los Estados Unidos, se pone en tela de juicio al dar una condena de 38 años, a un ex funcionario de la seguridad en nuestro país, vinculado a la delincuencia organizada y al narcotráfico donde se enriqueció durante muchos años y gozó del poder para proteger a todas estas bandas delincuenciales.
Lo que deja de manifiesto a la sociedad los acuerdos que se dan entre las instancias del gobierno de Estados Unidos y el narco mexicano, demostrando que lo único que buscan es rendirlos para que se conviertan en sus empleados y les sirvan a su empresa mejor conocida como la DEA.
Y quien pudo haber pasado a la historia el juez Brian Cogan de mandar un mensaje contundente, a ex funcionarios, funcionarios y a la delincuencia organizada hoy se muestra con una postura de inocencia al argumentar que no condenó de por vida a Genaro Luna que porque tiene familia .
Cuando uno de los argumentos de la fiscalía que acusa a Genaro Luna es por los miles de muertos, ocasionados por todo lo que permitió que sucediera Genaro Luna, la pregunta sería: ellos no tenían familia ?
Cuál es la postura que debiera asumir el gobierno de México? Investigar y llegar al fondo.
Independientemente del evidente interés del gobierno de Estados Unidos de tomarlos como sus aliados y empleados a su servicio el narco mexicano, existe ya un cúmulo de evidencias públicas y de información que permite asegurar de qué si operaron, protegieron y están vinculados a la delincuencia organizada este grupo de funcionarios.
Por lo que el gobierno mexicano debe de abrir una carpeta de investigación que permita conocer la estructura organizativa con la que operaba Garcia Luna desde la responsabilidad que él tenía en su momento, y quien de ellos aún siguen dentro de la Secretaría de seguridad pública o cualquier dependencia en materia de seguridad o lucha contra el narco a nivel nacional o en cualquier órgano de seguridad del país.