- Recolectarán firmas este fin de semana en el Parque de las Palapas para entregarlas al Presidente de la República.
- Fonatur se opone a que se sature Zona Hotelera, ya desbordada por no poder procesar aguas negras.
- Gerardo Barrueto, de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos, se enfrenta a la poderosa depredadora internacional para salvar el arrecife mesoamericano.
Por Redacción
La lucha por frenar el ecocidio que intenta cometer el Hotel Riu Riviera Cancún, ya que sus autorizaciones fueron conseguidas en base a corruptelas y amenazan con destruir la zona arrecifal. Solo queda la organización y movilización popular, para juntar miles de firmas que se entregarán al presidente Andrés Manuel López Obrador para que impida este crimen ecológico.
Y es que se siente impune con las autorizaciones de la mayoría autoridades federales y estatales. Solamente queda a la sociedad civil, encabezar una lucha por salvar la ecología de Cancún, y es por ello que le solicitan que la Semarnat revoque los permisos y autorizaciones en materia ambiental dados de manera indebida. También le piden al mandatario de la nación, su intervención para amonestar al gobierno municipal, encabezado por Hermelinda Lezama, alias Mara, en cuanto a las licencias y permisos, que están otorgando sin el suficiente respaldo y sustento técnico.
No puede faltar, hacer un llamado para que, dentro de las esferas correspondientes de los poderes, se tomen acciones en contra de los magistrados coludidos que votaron a favor de este proyecto a todas luces ilegal. «Sobre todo, le solicitamos respeto al estado de derecho, y que RIU se someta a las leyes y normas mexicanas, que no se permita el tráfico de influencias en este caso y otros que pudieran intentarse.»
En la extensa misiva, también hacen un reconocimiento a FONATUR, quien reiteradamente se ha manifestado en contra de este proyecto, porque simplemente no existen los suficientes recursos hidráulicos ni la capacidad de procesamiento de desechos para un hotel tan grande en una zona hotelera ya saturada por construcciones y descargas de aguas negras.
Quien encabeza esta lucha, es el Presidente Honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos A.C., Gerardo Solís Barreto y hace un llamado a la ciudadanía para que firmen esa carta dirigida al Presidente de la República. Quien ha hecho un angustioso llamado a la presidenta de Benito Juárez (Cancún), para que en lugar de pasar a la historia como destructora del arrecife, lo haga como una luchadora ecológica, por lo cual le urge a ponerle freno a las autorizaciones que ha dado el ayuntamiento que dirige.
El luchador social, hace una atenta invitación, para este sábado y domingo próximos, de 10:00 de la mañana a 9 de la noche, puedan acudir al Parque de las Palapas, para respaldar con su firma esta lucha por la ecología y contra autoridades y empresarios que solamente buscan la ganancia sin importarles el daño que puedan causar a este importante destino.
El texto completo de la carta, es el siguiente.
C. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Presente
Estimadísimo Ciudadano Presidente, por este medio venimos a solicitarle su valiosa intervención en el caso del proyecto de la Cadena Hotelera RIU denominado “Hotel Riviera Cancún”, con ubicación en Punta Nizuc, en Cancún, Quintana Roo.
Para ello, procedemos a hacer la siguiente exposición a fin de mostrar la problemática con la citada cadena hotelera y, específicamente, las razones del por qué no se debe permitir que se prosiga con las obras de dicho proyecto :
1. Se fusionó un lote costero con una vialidad que era un acceso al mar
El 17 de mayo de 2010, FONATUR vendió el Anexo 1 a Promotora Punta Nizuc, con una serie de cláusulas; entre ellas: que tenían la obligación de mantener ese lote con uso exclusivo de vialidad, pues se trataba de un acceso público a la playa. No sólo eso, sino que se establecían estas cláusulas como obligatorias para todo futuro propietario.
El 27 de enero de 2011 se venden a Residencial Nizuc del Caribe los lotes 72‐02 y Anexo 1. Al momento de esta venta, el uso de suelo para el lote 72‐02 era TH1, con una densidad de 75 cuartos por hectárea y hasta 3 niveles, mientras que el Anexo 1 tenía uso exclusivo de vialidad, respetando así las cláusulas del contrato de compraventa con FONATUR.
El 3 de diciembre de 2013, la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez autorizó la fusión de los lotes 72‐02 y Anexo I, pero no fue sino hasta el 11 de julio de 2014 que la Dirección de Catastro fusionó los dos lotes y como resultado se creó el lote 72‐03.
El 27 de agosto de 2014, se aprobó un nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cancún. En este se le asignó al recién fusionado lote 73‐02 el uso TR/20/Q incrementándole la densidad a 270 cuartos por hectárea y permitiéndole hasta 20 niveles.
El 10 de noviembre de 2014, Fonatur autoriza la venta del Anexo 1 a RIU, pero para ese entonces, tramposamente este lote ya no existía , pues fue fusionado con el 72‐02 para formar el lote 72‐03.
Finalmente, el 13 de noviembre de 2014, Residencial Nizuc del Caribe le vende a RIU el lote 72‐03. De esta manera , se le cambió el uso de suelo a una superficie que, como lote separado, legalmente no le podían cambiar el uso de suelo, así que lo anularon por medio de una fusión. Pero no sólo eso, sino que con esa fusión además se le arrebató a la ciudad un acceso público a las playas.
2. RIU arregla la compraventa del terreno manipulando el valor del mismo.
El 25 de junio de 2014, la CAPA emitió una factibilidad de servicios para un proyecto de hotel de 572 cuartos. No obstante, la factibilidad de CAPA se expidió antes de la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano e incluso antes de la aprobación de la fusión del lote 72‐02 y el Anexo I. Sin embargo, en dicha factibilidad ya se le reconoce una densidad de 270 cuartos por hectárea y considera como área total la suma de los dos lotes.
RIU asegura que la compra del lote 72‐03, es decir, el lote resultante de la fusión, la motivó el nuevo uso asignado en el Programa de Desarrollo Urbano de 2014, aunque como lo demuestra la factibilidad de servicios de la CAPA, ya existía desde antes de tener el uso de suelo y de estar fusionados los lotes originales, la intención de desarrollar un proyecto por parte de RIU con la densidad y alturas finalmente otorgadas por las autoridades municipales.
Adicionalmente, el valor del inmueble incrementó un 195% en poco menos de 4 años, al pasar de un valor de poco más de 170 millones de pesos a más de 500 millones, sin hacer otra cosa que modificar la etiqueta de uso de suelo. Así pues, antes de la venta del inmueble a RIU, este tenía un valor y tras la venta, el valor se había triplicado. Queda claro que se manipuló el valor del inmueble, por medio del uso de suelo con la intención de beneficiar a RIU.
Al predio se le otorgó una densidad mayor a la de sus vecinos, donde la densidad de la zona es de 50 cuartos por hectárea. También, se ocasionó la pérdida de espacio vial legalmente delimitado.
- Intervención indebida del Rey de España como gestor
Está documentada la participación reiterada del rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, como gestor ante los gobiernos federales desde Vicente Fox, Felipe Calderón y, especialmente, Enrique Peña Nieto; siendo esta última relación una de las razones del apoyo de la pasada administración federal, por medio de la SEMARNAT a RIU, que terminó en la resolución contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de diciembre de 2015 , por la que se autorizó a la empresa Mx Riusa, S.A. de C.V., la construcción y operación del proyecto denominado “Hotel Riviera Cancún”.
El apoyo del gobierno federal a RIU se debe a la conexión que existía entre Juan Carlos I y Enrique Peña Nieto, y de estos , a su vez, con empresas como OHL y Odebretch, que por medio de triangulaciones e inyecciones de dinero para la campaña electoral de 2012 permitieron la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto. Como Juan Carlos I contribuyó en la gestión de tales recursos, tuvo acceso al poder ejecutivo, para interceder a favor de sus amistades, como lo son los hermanos Luis y Carmen Riu Güell. Cabe señalar que Luis Riu está acusado de corrupción ante los tribunales del condado de Miami Dade, en Estados Unidos, por sobornar a autoridades locales para torcer la aplicación de la normatividad a favor de una de las obras de RIU en dicha ciudad.
- Modelo de negocios abusivo
RIU tiene un modelo de negocio, basado en la captación masiva de turistas en países desarrollados para paquetes vacacionales All Inclusive (Todo Incluido), pero terciarizado por medio de una agencia captadora. En el caso de RIU, esta agencia es TUI, quien además posee la mitad de las acciones de RIU. Este modelo de negocio implica que las utilidades no se reciben en el destino, ni en el país de destino, ni siquiera donde se origina la orden de reservación, sino en donde tiene asentada su dirección la sede que procesa las reservaciones y donde se concentran los pagos. No sólo eso, sino que además este modelo es un modelo cerrado, pues abarca todos los sectores de actividad que involucran a cada momento de las actividades del paquete, incluyendo la proveeduría, lo que evita que la derrama económica salga del consorcio hacia otros prestadores de servicios. Eso quiere decir que los ingresos por turismo, provenientes de los visitantes captados vía el modelo adoptado por RIU, se limitan a los sueldos de los trabajadores y los impuestos que el gobierno logra cobrar. En cambio, los costos ambientales, urbanos, de presión sobre los servicios y de mantenimiento de la infraestructura, recaen completamente sobre el destino. Eso genera un desequilibrio en las cargas y beneficios que claramente dan una ventaja abusiva a RIU y ponen en una situación de vulnerabilidad al destino.
RIU , además tiene un doble rasero respecto a cómo trata a diferentes destinos. En las Islas Baleares, al ser su lugar de origen, el grupo RIU tiene una presencia predominante y de hecho es un actor preponderante. Aquí, donde ellos tienen el control del mercado, reiteradamente se han opuesto a que el gobierno local autorice más cuartos de hospedaje, sobre todo de rentas vacacionales de corta estancia, porque les suponen una competencia directa y un riesgo para su dominio del mercado de hospedaje en ese destino. En palabras de Carmen Riu : “Si tenemos las islas demasiado llenas, estamos dañando al desarrollo del turismo. Debe haber una limitación al turismo, porque si no, a largo plazo, nos lo cargaremos”. Es decir, aquí buscan limitar la entrada de nuevos actores.
En cambio, en aquellos destinos en donde no son los preponderantes, adoptan una estrategia totalmente contraria, la de expandirse agresivamente y teniendo como límite únicamente sus capacidades financieras. Bajo este esquema, es que han tenido problemas en varios lugares en donde han decidido establecerse. Por ejemplo, en Fuerteventura, España, tuvieron problemas por usar para su propio provecho bienes públicos, sin tener el permiso para usufructuarlos. En Costa Rica, enfrentaron una demanda penal por delitos ambientales, por colocar explosivos en el arrecife para demolerlo y darle la forma que deseaban obtener. En Miami Beach, empezaron la ampliación de uno de sus hoteles sin contar con los permisos para ello. Incluso , en México tuvieron problemas en Baja California , por esconder nidos de tortugas marinas. Sin ir más lejos, en el año 2002 en Cancún, RIU construyó tres niveles adicionales sobre el límite de lo que estaba permitido por el uso de suelo de uno de sus hoteles, en Punta Cancún y sin embargo, se negó a demolerlos como exigía el reglamento de construcción. Poco tiempo después, un segundo hotel, el RIU Palace, se abrió justo al lado del primero sin contar con la autorización ambiental, para lo cual, arreglaron con el gobierno federal el pago de 3 millones de dólares, para regularizar el inmueble. Cada uno de estos hoteles consta de más de 500 habitaciones.
Esto muestra un patrón, en el cual RIU pretende explotar los destinos rápidamente, romper las reglas, pagar para salir impune y al final operar como si no se generasen problemas urbanos y ambientales, como si el hecho de pagar multas compensara las cargas que su operación le impone al destino, como si los tratos hechos a nivel cupular, de las élites, compensaran toda la derrama económica que su modelo, abusivo y cerrado , deja de generarle a la ciudad y sus habitantes.
En el caso que nos ocupa, a continuación se enlistarán todas las irregularidades que se han presentado y que tendrían un impacto directo en el destino de realizarse el proyecto que RIU pretende levantar.
5. Colusión de autoridades de los tres órdenes de gobierno y del poder judicial
En Marzo de 2015, la Semarnat rechazó una primera versión del proyecto; entre otras razones , porque se encontraban distintos riesgos potencialmente graves, que la realización y operación del proyecto podrían desencadenar. No obstante, el 18 de diciembre de 2015, por medio del escrito SGPA/DGIRA/DG/08730, suscrito por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, se autorizó a Mx Riusa II, S.A. de C.V. la Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, para el proyecto denominado “Hotel Riviera Cancún”. El texto de la Manifestación de Impacto Ambiental de este segundo intento no era muy diferente al que salió rechazado. En cuanto a información que garantizara la no afectación no aportó nada nuevo; es decir, seguía sin demostrar que no existirían daños graves al ambiente. Pero, además otro tipo de información fue cambiada, como el hecho de que en el documento dictaminado en marzo de 2015 se mencionaba que la zona de hecho tenía una duna costera y vegetación asociada, pero para diciembre de 2015, se había cambiado y ahora se afirmaba que se trataba de un afloramiento rocoso, pero que no había duna costera, ni mucho menos vegetación asociada a la misma. Estos cambios cosméticos fueron suficientes para que en el intento de diciembre de 2015, la Semarnat emitiera el resolutivo aprobatorio.
Dentro de las condiciones de dicha autorización, el resolutivo correspondiente en el Término Segundo establece un plazo de 24 meses para llevar a cabo las etapas de preparación del sitio y construcción, mismo que vencía el 19 de diciembre de 2017. Ante ello, la cadena RIU tramitó ante la Semarnat una prórroga , misma que le fue otorgada el 23 de mayo de 2018, notificándosele a RIU del otorgamiento de dicha prórroga el día 24 de mayo de 2018. Dentro de las condiciones de esta nueva prórroga, se establece que ésta tendrá una vigencia por 24 meses, contados a partir del siguiente día al que se hizo la notificación. Por lo tanto, esta prórroga tendría vigencia hasta el día 25 de mayo de 2020. Finalmente, el 28 de enero de 2020 la Semarnat le otorga, una vez más, una prórroga por 24 meses adicionales y especificando que esa prorroga empezará a contar a partir del 26 de mayo de 2020.
Posteriormente, Mx Riusa II, obtuvo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DC/03758 de fecha 27 de agosto de 2020, la autorización para Modificaciones de la obra, actividad o plazos y términos establecidos a proyectos autorizados en materia de impacto ambiental, consistente en la modificación del proyecto para adicionar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) dentro del polígono del proyecto
También, es de notar que no existe evidencia del cumplimiento de las condicionantes del resolutivo original, referentes a los distintos programas de manejo de tortugas, de residuos, de rescate de flora y fauna, entre otros, que se especificaron en la autorización ambiental y a cuyo cumplimiento se condicionaban eventuales prórrogas.
Como puede apreciarse, la Semarnat por medio de la DGIRA, le extiende prórroga tras prórroga a RIU, dándole de facto todo el tiempo necesario y otorgándole con ello una ventaja indebida; todo esto, sin nunca conocer quién o quiénes son los que evalúan el proyecto, su formación, ni su capacidad técnica para pronunciarse al respecto.
No sólo eso, sino que tal parece que no son ni siquiera capaces de detectar que el supuesto inmueble invade y, por lo tanto, se apropia de una franja de Zona Federal Marítimo Terrestre.
No obstante y a pesar de ello, el Municipio le extendió en enero de 2020 la Licencia de Construcción No. 76231 con número de folio 4306/19, expedida el 08 de enero de 2020, con una vigencia de 24 meses. Al respecto, la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano ha manifestado que el reglamento de construcción del municipio no establece como requisito el que cuenten con la autorización ambiental, ni con las factibilidades de servicios. Cabe mencionar, que la Licencia de 2020 no es la primera que se le otorga a este proyecto, sino que ya han habido dos más, las cuales el promovente dejó perder y solamente volvió a solicitarla ante el municipio, quien sin solicitar más estudios o anuencias, le entregaba las nuevas licencias.
El proyecto Hotel Riviera Cancún también ha sido cuestionado ,debido a la carencia de infraestructura en la zona, especialmente de agua potable y drenaje; y , a pesar de que la cadena RIU argumenta que el agua potable la tomará de una planta desalinizadora, lo que llevará a que inyecte grandes volúmenes de salmuera en el subsuelo kárstico de la zona con el evidente riesgo de infiltración en el arrecife, en cuanto a las aguas negras, la solución del proyecto original era que la entregara a una red pública de drenaje, red que hoy por hoy no existe en la zona. Ello obligó a RIU a cambiar su proyecto para incluir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, misma que la licencia de construcción actual no ampara.
El proyecto de planta potabilizadora incluye la perforación de 3 pozos, 2 de extracción y 1 de reinyección de agua. No queda claro de dónde sacarán agua estos pozos, ni a donde la reintegrarán, pues no incluye estudio geohidrológico del predio, que justifique la perforación de esos pozos , ni tampoco menciona los posibles impactos que estos pozos pudieran tener sobre el ecosistema, únicamente se limita a decir que no los habrá sin dar mayor justificación, datos, ni hacer referencia a estudio alguno.
Pero, además la escala de la región elegida para medir los impactos ecológicos es demasiado grande en relación al proyecto. Se eligió como zona de estudio la microcuenca hidrológica de los manglares de Nichupté, que tiene una superficie de 11,942.09 hectáreas, mientras que el proyecto tiene apenas 2 hectáreas, lo que representa apenas el 0.00018% de la superficie de la zona de estudio, por lo que cualquier evaluación de impactos ambientales se verá diluido y no reflejará la verdadera magnitud del impacto en el entorno inmediato del proyecto. El proyecto basa su justificación en que los impactos a la microcuenca son insignificantes. Evidentemente, lo serán si la superficie del proyecto también lo es, en relación a la superficie elegida para la evaluación. Si la superficie de la zona de estudio hubiese sido más pequeña, a una escala más cercana al proyecto, el grado de impacto sería mayor. La conclusión es que no se conocen los impactos reales sobre el medio ambiente.
En cuanto al gobierno estatal, fue hasta el 4 de septiembre de 2018 que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable emitió una constancia de compatibilidad territorial, la cual no sólo llega tres años después de la emisión de la autorización ambiental y de la primer licencia de construcción, sino que además se expidió en una modalidad indebida pues, por las características del proyecto, se requería la constancia de compatibilidad territorial, pero en Modalidad Dictamen de Impacto Territorial, lo que necesitaba obligatoriamente la elaboración, presentación y evaluación de un estudio de impacto territorial, el cual nunca se realizó. Pero, además la constancia misma establece que la SEDETUS puede revocar la constancia otorgada si se cambia el proyecto o sus características. Este cambio de proyecto sí sucedió y se documenta con la modificación a la autorización ambiental para incluir una planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, la SEDETUS ha evitado proceder a la revocación de la constancia emitida.
Finalmente, tenemos a varios magistrados involucrados en la resolución de casos judiciales , en torno a este proyecto, los cuales o bien no entran en el fondo de la discusión o bien lo hacen pero llevan a cabo la discusión desde su neófita opinión personal, demostrando su carencia de conocimientos en materia de desarrollo urbano y de urbanismo, pero evitando recurrir a opiniones de expertos. El punto final se encuentra en las dos magistradas del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, quienes votaron a favor de violentar el legítimo derecho a un medio ambiente sano de varios menores de edad. Se tratan de una magistrada y la que hasta hace poco era su secretaria, haciendo la labor de defender los intereses de RIU, tal como previamente lo hicieron ellas mismas con Kamel Naciff en el caso de Lydia Cacho.
Así, Semarnat dándole todo el tiempo que RIU desee, el municipio regularizándole las obras, reconociéndole parámetros urbanos desproporcionados para un proyecto sin factibilidad de servicios, Sedetus evitando meter las manos y los magistrados de los tribunales fallando a favor de RIU, con argumentos francamente estúpidos y fuera de todo estado de derecho.
Esto es RIU operando en Quintana Roo, con las autoridades cooptadas, con tráfico de influencias, con hipocresías y desinterés en la sustentabilidad del destino y del bienestar de sus habitantes.
En suma, este proyecto incumple con los principios de sustentabilidad y con la densidad que le asigna el PDU, aprovechándose de la ignorancia de los funcionarios que le aprobaron y le respaldan los permisos. Su historial de acciones van encaminadas a darle la vuelta a la regulación. RIU es un modelo de negocio que funciona imponiéndose sobre las normas.
Por todo lo anterior, solicitamos de usted su valiosa intervención, a fin de que la Semarnat revoque los permisos y autorizaciones en materia ambiental dados de manera indebida. Del mismo modo, pueda usted respaldar a FONATUR, quien reiteradamente se ha manifestado en contra de este proyecto. Por otra parte, también le solicitamos su intervención para amonestar al gobierno municipal en cuanto a las licencias y permisos, que están otorgando sin el suficiente respaldo y sustento técnico. Por último, le solicitamos su apoyo moral para cuando se tomen acciones en contra de los magistrados coludidos. Sobre todo, le solicitamos respeto al estado de derecho, y que RIU se someta a las leyes y normas mexicanas, que no se permita el tráfico de influencias en este caso y otros que pudieran intentarse.
Los cancunenses decimos SÍ a la inversión turística, pero a la inversión responsable. Los Cancunenses decimos NO a desarrollos, inversiones y empresarios depredadores, voraces y abusivos.
