Los males que sufre desde hace varias administraciones no sólo persisten, sino que se han acrecentado, tolerados y hasta fomentados por las propias autoridades, en un municipio donde todo es permitido: criminalidad, abusos policiacos, prostitución, ambulantaje, piratería, anarquía en el transporte…
En Cancún, la repetida promesa de buen gobierno, cero tolerancia a la corrupción, mejora de los servicios públicos como alumbrado, recoja y disposición de la basura, acciones de seguridad, entre muchas más, se ven cada vez más distantes y prendidas del alfiler del resto del cada vez más erosionado capital político de AMLO. Los destinos turísticos de Quintana Roo se tornan cada vez más inseguros y violentos y las alertas de viaje de países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra son más frecuentes. La ausencia de obra pública, la desigualdad social, las franjas de miseria, la falta de atención y compromiso de las autoridades de siempre son un repulsivo ejercicio que nos recuerda los malos gobiernos de Paul Carrillo y Remberto Estrada. Afortunadamente no hay promesa que opaque la realidad, ya son menos quienes creen en el doble discurso, ya desgastado y pintarrajeado, del optimismo y la voz comercial de producto barato, con autoridades que presumen logros que no son producto de su trabajo, sino del fenómeno del turismo y de la iniciativa privada, y están enfocados en lo trivial y no en lo prioritario, que es la seguridad de quienes vivimos aquí. Mientras, nos hemos convertido en la segunda ciudad más violenta de México, ciudad en la que todo se tolera: la prostitución a todas horas y a vista de todos en la supermanzana 66, los discos pirata, los “clones” y fayuca comercialmente legalizada; se tolera la anarquía en el transporte, los mototaxis, los sitios no autorizados de taxis, el enorme tianguis (comercio en la vía pública) en que han convertido la avenida Tulum desde el monumento a la historia de México hasta el Crucero, la brutal contaminación ambiental que genera la zona continental de Isla Mujeres, mejor conocida como Rancho Viejo (sin drenaje sanitario) que además es tierra de nadie y todos los males que genera una urbe en constante crecimiento y en permanente abandono. Con o sin el pretexto de la pandemia, pero Cancún sigue siendo tierra de nadie y tierra de todos. Cancún es una zona de tolerancia.
Corrupción, aumento de la inseguridad de manera alarmante y deficientes servicios públicos como la recolección y disposición final de la basura, producto de pésimos gobiernos, han sido los males que han aquejado al municipio de Benito Juárez desde hace más de 17 años y que a la fecha se mantienen a la alza de manera impune, convirtiéndolo en una enorme “zona de tolerancias”, en donde cualquier ilegalidad es tolerada, solapada o hasta fomentada por la propia autoridad.
Pero además se ha evidenciado una inadecuada atención al tema de la desigualdad social, en virtud de que quienes han tenido la fortuna de dirigir los destinos del principal polo turístico de América Latina sólo han visto el cargo como un negocio personal y de su grupo político para hacerse ricos a costillas del cada vez más endeudado municipio, sin importarles la carencia de obras públicas, que muchas calles estén hechas un caos con tantos baches y que la violencia e inseguridad sean cada vez más graves.
De hecho, es claro que los últimos gobernantes del municipio han priorizado la búsqueda del poder por el poder y ejemplo de ello es que a pesar de su reciente reelección para seguir al frente del ayuntamiento en el período 2021-2024, existe un claro interés de Mara Lezama para abandonar el cargo en los próximos meses, con intención de contender por la gubernatura que estará en juego el año entrante.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, señaló que a la fecha no se ve un cambio importante en cuanto a la percepción ciudadana en materia de corrupción, malos gobiernos y sobre todo la galopante inseguridad.
“Ahí tenemos las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siguen estos mismos temas con una alta calificación negativa para Cancún”, refirió el también presidente de la Asociación de Plazas Comerciales en el Caribe Mexicano.
Con base en información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Benito Juárez ocupa el séptimo lugar en la lista de los 100 municipios del país con más feminicidios en lo que va del 2021.
Incluso, la más reciente infografía elaborada (cada tres meses) por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) dada a conocer el pasado 20 de octubre, ubica a Cancún en el penúltimo lugar en percepción de inseguridad de los destinos turísticos de México, con un 84.7%.
“Tal parece que el gobierno quiere que nos acostumbremos a la violencia e inseguridad; Cancún ya es más que una zona de tolerancia”, expresó el expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Esquiel Orozco.
Los males van en aumento
El principal cáncer que sufre Cancún, como prácticamente todo el país, es la corrupción, cuyo compromiso de combatirlo ha sido la bandera de la Presidencia de la República y trasladado a todos los estados y municipios gobernados por Morena.
Sin embargo, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), realizada por el Inegi, las autoridades de seguridad pública de Ecatepec, Estado de México, y de Cancún en Quintana Roo se encuentran a la cabeza de un listado de las más corruptas del país.
Dicha información revela que los pobladores de estas dos ciudades han sido los que más sufren por sobornos relacionados con incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas.
Según el último reporte de los problemas públicos del sistema para la toma de decisiones que hizo el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo), como parte de los estudios para el mejor desempeño de los gobiernos municipales, se establece que la corrupción, inseguridad y deficientes servicios de recolección y disposición de basura, así como desempleo, son los principales problemas que padece el municipio de Benito Juárez.
No obstante, el estudio, que abarcó de abril a diciembre de 2020 y que por tanto incluye a la actual administración en su primer periodo, advierte que la inseguridad es el principal problema de Cancún, y en la actualidad esta información se mantiene idéntica.
Asimismo, se expone que no existe correlación entre el presupuesto asignado a seguridad pública, el gasto y los resultados contra la delincuencia, lo que se refleja sobre todo en una alta incidencia de asaltos y homicidios.
De acuerdo con León Ricardo Lizárraga Cubedo, presidente del Consejo Directivo del Iapqroo, quienes toman decisiones están obligados a tomar medidas de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Explicó que dichas obligaciones han sido asumidas por la administración estatal debido a la aplicación del esquema de mando único policiaco.
Otra situación recurrente es la corrupción, negligencia, opacidad y abuso de autoridad de los servidores públicos.
Finalmente, el reporte del Iapqroo sostiene que los dos problemas principales que deben atender las autoridades municipales son la inseguridad y la corrupción de los servidores públicos, al ser los más recurrentes.
Inseguridad, mancha indeleble para el Caribe Mexicano
No obstante que los más recientes indicadores oficiales establecen que la percepción sobre la inseguridad con respecto al trimestre anterior mejoró a nivel nacional, nuevamente Cancún fue relegado al lugar 37 de 38 destinos turísticos del país con mayores problemas en la materia.
Lo anterior fue dado a conocer por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), al ubicar a Cancún en su infografía estadística sobre percepción de inseguridad en penúltimo lugar en percepción de inseguridad de los destinos turísticos de México, con un 84.7%.
Esto refleja que la operatividad del Mando Único es un hecho que no ha funcionado en Cancún desde su instauración y pese a ello, el actual gobierno volvió a ratificar su adhesión a dicho proyecto de seguridad, que lo único que ha generado es mucha más incertidumbre entre la ciudadanía, además de la desconfianza que aún existe hacia la corporación por su marcada penetración con el crimen organizado y que los hechos delictivos siguen todos los días, incluso con la presencia de la Guardia Nacional y la aparente “coordinación” entre los tres órdenes de gobierno.
En las redes sociales y medios informativos tradicionales diariamente se reportan ejecuciones, extorsiones, robos a comercios, narcomenudeo, violencia familiar y trata de personas, que son parte del abanico delictivo que se ha ido multiplicando en el municipio de Benito Juárez en los últimos años.
A los negocios que se niegan a pagar el llamado “derecho de piso” les queman sus establecimientos con una impunidad total, como ha ocurrido recientemente, pues tan sólo entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre pasados, cuatro bares —La Palapita, Las Micheladas del Tío Toño, Dejavú y Babilonia— han sido víctimas de atentados atribuidos a hechos cometidos por miembros de la delincuencia organizada.
Es claro que Cancún se ha convertido en un paraíso inmerso en una batalla por el control entre diversas organizaciones criminales que no sólo se han “adueñado” de la parte turística, sino también de las zonas populares, en donde han marcado territorios que se encuentran en constante disputa.
Mientras tanto, en la zona centro, las mismas autoridades permiten no sólo el ambulantaje de forma desmedida, sino también el comercio de productos apócrifos, como las películas pirata, que es controlado por miembros del crimen organizado.
Falsa atención a zonas de alto riesgo
Las propias autoridades reconocen que en la actualidad existen al menos cinco áreas de Cancún que ocupan los primeros lugares en índices delictivos en los últimos años, entre ellas las regiones 247, 248, 252, 259 y 260, que son consideradas como zonas peligrosas para vivir debido al alto número de delitos que ocurren en sus calles.
En marzo del 2019, cerca de cumplirse el primer año de gobierno de la primera etapa de Mara Lezama al frente del municipio de Benito Juárez y con la Guardia Nacional aún en proceso de conformación, se efectuó un mega operativo policiaco-militar a lo largo del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, conocido popularmente como “las favelas de Cancún”, que se localiza en la región 259.
Ahí se anunciaron acciones “urgentes y permanentes” para el combate a la inseguridad y hasta se acordó establecer una base de las fuerzas armadas que si bien existe en lo que fueron las casas muestra de dicho fraccionamiento, en realidad sólo está de adorno, porque la inseguridad en esa zona cada día se incrementa más y a la fecha nada ha cambiado.
Es más, la inseguridad ha avanzado hacia otros fraccionamientos aledaños a Villas Otoch Paraíso, en donde tanto de día como de noche se vive un clima de inseguridad en donde los robos, asaltos, violaciones, venta de drogas, homicidios, hasta secuestros ocurren sin contratiempo alguno por el tipo de viviendas que ahí existen, en donde las hileras de edificios se interconectan con un laberinto de pasillos que tienen salida a estacionamientos, tanto de un lado como de otro.
De igual manera, el gobierno municipal ha incumplido con atender o resolver el tema de las invasiones de predios, pese a tratarse de un delito que debería ser castigado con cárcel, pero por el contrario, se ha tolerado que cientos de familias, muchas de ellas sin la necesidad de una vivienda, hagan de esta actividad un modus vivendi, pues en campaña política sus votos cuestan mucho.
Las calificaciones para Cancún siguen siendo negativas
De acuerdo con Eduardo Galaviz Ibarra, mientras el gobierno no cambie su proceder y la asignación presupuestal a los programas que realmente se requieren, lamentablemente los problemas van a continuar.
Para conocer detalladamente el tema de los presupuestos de egreso que ha ejercido el gobierno municipal en los últimos años, El Despertador de Quintana Roo ingresó a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para obtener información al respecto.
Sin embargo, se pudo encontrar que ésta es un tanto sesgada y poco clara en cuanto a la realidad financiera del Ayuntamiento de Benito Juárez, pues los datos que se aportan carecen de hipervínculos a desgloses detallados que permitan conocer los motivos de gasto de los recursos, pues únicamente se mencionan cifras de forma general.
Por ejemplo, dentro del presupuesto de egresos aprobado para los períodos 2018, 2019, 2020 y 2021 existen seis rubros de gastos: servicios personales; servicios generales; transferencias, asignaciones y otras ayudas; materiales y suministros; deuda pública; inversión pública; bienes muebles, inmuebles e intangibles; e inversiones financieras y otras provisiones.
De forma general, el presupuesto para el 2018 fue por $3,608,031,394.00; para el 2019 se asignó un gasto por $4,007,542,373.00; para el 2020 lo aprobado fue por $4,356,673,929.00 y finalmente para el 2021 se aprobó un presupuesto por $4,010,395,121.00.
En todos estos años, como muestra la captura de pantalla adjunta a este texto, la mayor parte del presupuesto fue empleada para “servicios personales”, en tanto que una cantidad mínima es destinada para obra pública, lo que refleja la carencia de este segmento en beneficio de la población durante los últimos cuatro años, y esa es la razón por la cual las calles están llenas de huecos, muchos semáforos no funcionan y ni qué decir del alumbrado público y la recolección de la basura, que a pesar de ser servicios concesionados son ineficientes.
El Despertador recurre a la Plataforma Nacional de Transparencia
En medio de todo este panorama, ante la poca claridad en el tema del gasto del presupuesto aprobado para el gobierno municipal en los últimos cuatro años, El Despertador de Quintana Roo hizo una petición de manera formal al portal de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que emitió el acuse de recibo de solicitud de información con número de folio 231288300006921.
En dicho acuse se establecen los plazos de respuesta a la dicha solicitud conforme se establece en los artículos 142, 145, 147, 148, 150, 152, 154 y 158 de la Ley de Transferencia y acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, pero se aclara que los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a la solicitud varían entre cinco y diez días, dependiendo si es favorable o se requiere mayor información respecto a lo requerido o, en su caso, si el Ayuntamiento requiere ampliar el plazo para dar respuesta, podrían pasar hasta 20 días naturales.
Cabe destacar que entre algunos de los puntos de la petición hecha por El Despertador de Quintana Roo, que se encuentra en espera de respuesta, se destaca conocer con cuántos medios de comunicación (escritos, digitales, de radio y televisión) tanto locales como nacionales tiene convenio el gobierno municipal de Benito Juárez, los nombres y cuál es el monto que se le paga a cada uno de ellos.
De igual manera, se plantea que se informe respecto al número de asesores que tiene el gobierno municipal, quiénes son y cuánto dinero se les paga.
También se pidió información respecto a la erogación de recursos para renta de vehículos, oficinas y/o predios para el funcionamiento de diversas dependencias del gobierno; aunado a que se informe de cuánto es el monto del mantenimiento del parque vehicular y a cuánto asciende el gasto mensual en combustible para los vehículos de la presidencia municipal, seguridad pública y tránsito.
Así como también que se haga un desglose de las obras públicas que se han hecho, el monto de inversión y cuáles son las empresas que han trabajado en ello.
Caos en transporte público y vialidades colapsadas
La falta de una visión estratégica en materia de transporte público por parte del gobierno municipal ha hecho que varias avenidas, como la Tulum, sean utilizadas como una unidad de transferencia al aire libre, sin ningún orden y lógica.
Hace algunos años se estableció que los carriles del centro del tramo de la avenida Tulum comprendida entre las avenidas Uxmal y Chichén, en ambos sentidos, serían utilizados exclusivamente para el transporte público y si bien esto funcionó durante algunos meses, hoy la problemática se mantiene aún peor, pues hace falta señalización y existe además un puente peatonal que no es utilizado por los peatones, lo que hace que ese tramo se convierta, además de conflictivo, en peligroso.
La Dirección de Transporte y Vialidad incluso se ha convertido en una “caja chica” del gobierno municipal, al tolerar que las empresas de transporte hagan lo que quieran en las vialidades.
A esto se abona que las mafias dentro del Sindicato de Taxistas se han adueñado de sitios no autorizados en pleno centro de la ciudad, que son usados para sembrar terror entre los operadores ‘martillos’ a quienes no les permiten levantar pasaje, pues estos puntos los utilizan para venta de drogas, operar al servicio del crimen organizado y perpetrar abusos constantes en contra de la ciudadanía.
Aunado a ello, hoy en día la semaforización es un caos en la ciudad de Cancún, pues a decir del personal de mantenimiento de la Dirección de Tránsito, no hay refacciones ni repuestos para reparar los numerosos semáforos que no funcionan desde hace varios meses.
De hecho, fuentes del Ayuntamiento de Benito Juárez revelaron que existe una propuesta de la presidencia municipal para concesionar el servicio de la semaforización de la ciudad, argumentando la falta de recursos para su mantenimiento, así como ocurre con las patrullas de Seguridad Pública, que en su mayoría son arrendadas a una empresa exprofeso.
Ciudad sin atractivos para la gente
Además de las playas y las plazas comerciales, el municipio de Benito Juárez carece de espacios públicos que permitan a las familias convivir y distraerse durante el fin de semana.
Pese a que se tiene el Parque de Las Palapas, más allá de eso no existe otro lugar de convivencia y hoy la pandemia no puede ser pretexto, pues todo se traduce a bares, como únicos centros de reunión para muchos jóvenes.
En pleno centro de la ciudad existe un espacio público que es el Parque del DIF, localizado enfrente de la estación de bomberos, que está cerrado y abandonado desde hace varios años.
De hecho, ahí mismo se encuentra una pequeña feria que se cae a pedazos y muchos de los fierros ya están echados a perder por falta de uso, pues dicho lugar fue clausurado desde la administración de Julián Ricalde y el dueño de esos equipos, el señor Fausto Ordóñez Pérez, mantiene una disputa jurídica que hasta la fecha no se ha resuelto
Hoy esa feria está cerrada y únicamente unos vigilantes custodian la zona, en donde hay además un letrero que dice: “Pena de cárcel a las personas que se sorprenda en esta área. Vigilancia policiaca 24 horas”.
Es decir, se trata de un espacio público en disputa entre un particular y el gobierno de Benito Juárez, lo que hace que lo que pudiera ser un atractivo se convierta en una mala imagen para Cancún, como existen muchos lugares más, tales como edificios y predios completos en el mismo primer cuadro de la ciudad, pues no existe el menor interés de los gobiernos por reactivar la zona en beneficio de la ciudadanía y generar espacios de convivencia familiar.
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Gobiernos en donde la inseguridad comenzó a desbordarse en Cancún
Juan Ignacio García Zalvidea (2002 – 2004)
Carlos Canabal Ruiz (Interino) (2004 – 2005)
Francisco Antonio Alor Quezada (2005 – 2008)
Gregorio Sánchez Martínez (2008 – 2010)
Latifa Muza Simón (Interina por 4 meses) (2010)
Jaime Hernández Zaragoza (Interino) (2010 – 2011)
Julián Javier Ricalde Magaña (2011 – 2013)
Paul Michell Carrillo de Cáceres (2013 – 2016)
Remberto Estrada Barba (2016 – 2018)
Mara Lezama Espinosa (2018 – 2021)
Clara Emilia Díaz Aguilar (Interina) (2021)
Mara Lezama Espinosa (actual) (2021 – 2024)
PUBLICADO POR SALVADOR CANTO, EL DESPERTADOR.