La Fiscalía General de la República (FGR) clausuró la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) por daños ambientales que realiza por la extracción de materiales pétreos en toda esa zona.
Muchos no saben que extraen material rocoso de las cercanías de la playa y que está toda la zona llena de cavernas que ponen en peligro de derrumbes que pueden afectar incluso carreteras o el mismo tren maya que pasará cerca de las zonas donde ésta empresa realiza diversas actividades mineras. El daño se produce porque realizan constantes detonaciones a las cavernas y cenotes que los destruyen, además de impactar con su actividad a los ríos subterráneos-
El operativo se realizó desde la semana pasada, pero es ahora que trascendió ante la opinión pública que se había clausurado la planta de Sac Tun en el municipio de Playa del Carmen, mejor conocida como Calica.
El problema viene de antaño, y a pesar de los esfuerzos federales, la empresa Calica ha contado con la colaboración de las autoridades estatales, encabezadas por Carlos Joaquín González, y municipales con Laura Beristain como presidenta, quienes nunca han hecho nada al respecto. Las autoridades federales como Profepa, constantemente hacen “clausuras” que pronto terminan y que ni siquiera paga multas.
Es por ello que la clausura reciente, corrió a cargo de personal proveniente de la Ciudad de México, que llegó a las instalaciones de la empresa de capital mexicano y estadounidense, en seguimiento a las acciones emprendidas desde 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó la extracción de material. Incluso hay que recordar que en enero de 2018, la Profepa ya había puesto sellos de clausura en algunas áreas, con el argumento de que se rebasaba la superficie de explotación (supuestamente debe depredar 7 hectáreas anuales, como máximo).
A la par de estas acciones por parte de las autoridades mexicanas, a nivel internacional continúa, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés) el juicio que promovió Legacy Vulcan -filial de Calica-, por este procedimiento administrativo que inició la Profepa al clausurarle las obras, bajo el argumento de que afectan sus inversiones y les impiden explotar un terreno para el cual supuestamente ya contaban con permisos.
El problema viene de antaño, desde que el 25 de mayo del 2009, salió publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, la aprobación del POEL municipal (que autorizaba hasta 80 mil habitaciones y darle toda la libertad a Calica para extraer material pétreo), pero seis años más tarde, el 1 de noviembre del 2014, se ha intentado sin éxito, corregir este error.
Contrario a todo ello, seis años después, en el 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), modificó el título de concesión dándoles un periodo adicional de hasta 13 años, más el remanente del plazo anterior de la concesión, por lo que la terminal portuaria Calica-Punta Venado, tiene asegurado hasta el año 2037 su operación.
No conforme con ello, desde el 2015, la empresa pugna para que se aprueben modificaciones del POEL de Solidaridad, así como que se modifiquen a su favor las Unidades de Gestión Ambiental de los predios La Adelita y El Corchalito, para poder extraer a su antojo la todo el material pétreo.